Brasil: ¿Estrategia dilatoria en Itaipú?

Las señales de alerta se encendieron en nuestro país ante una información de que el Consejo de Administración de Itaipú trataría la fijación de la tarifa para el presupuesto de la Entidad del próximo año. La ciudadanía y la opinión pública estamos muy pendientes de los pasos que se están dando en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. No es para menos; nuestra parte de la energía producida por Itaipú es el principal recurso con que cuenta nuestro país para impulsar su desarrollo en las próximas décadas.

El Anexo C del Tratado de Itaipú establece la manera en el cual se fija la tarifa a ser cobrada a las empresas distribuidoras. Los hechos relevantes son: En agosto del 2023 se cumple el plazo mínimo para su revisión y al mismo tiempo se termina de pagar la deuda de la Entidad, cuyo costo asciende a USD 2.000 millones anuales y representa alrededor del 60% del costo total de Itaipú . La principal negociación en la revisión del Anexo C está en cómo distribuir equitativamente este ahorro entre Paraguay y Brasil.

Las opciones extremas son: La primera, trasladar totalmente la reducción de costos a una menor tarifa. En este caso, el Brasil se llevaría el 85% de la renta energética, porque esta es la proporción en la que la energía generada en Itaipú es utilizada por Brasil y, el Paraguay se quedaría con el 15%. Para lograr una distribución igualitaria, sería necesario incrementar el valor de la energía excedente de Paraguay, y para maximizar este valor, el Brasil debe habilitar que una Entidad paraguaya pueda licitar su potencia excedente a distintos plazos y vender a los precios de mercado resultantes. La segunda opción es mantener la tarifa actual, crear una “renta energética” equivalente a la reducción del servicio de la deuda y distribuirla en un 50% para cada país.

Las dos opciones son válidas, pero hay una gran diferencia entre ambas para nuestro país. En la primera, la renta energética es transitoria y, en la segunda es permanente, aunque la misma será solventada por consumidores locales una vez que nuestro país consuma toda su energía. Con un enfoque de tributación óptima, una tercera opción intermedia entre ambas sería lo más conveniente. Por otro lado, el director General brasileño de Itaipú ha indicado que su país prefiere la reducción de la tarifa. Ya es tiempo de que nuestro país ponga claramente sobre la mesa nuestra preferencia y buscar en conjunto otras opciones intermedias para un acuerdo de beneficio mutuo lo antes posible.

Lo más preocupante es que la negociación ni siquiera se ha iniciado. Meses atrás, la cancillería paraguaya solicitó formalmente el inicio de la revisión del Anexo C y la contraparte brasileña respondió que se haría una vez terminada la pandemia del Covid-19. No hay fecha aún y la negociación llevará tiempo hasta que el nuevo Anexo C sea puesto en vigencia. Por otro lado, la reducción del costo de la deuda será realidad en el 2022 en más de USD 600 millones y, por inercia de aplicación del Anexo C actual, ya debería que empezar la reducción de la tarifa que se completaría en el 2023. Con esto, la opción preferida por el Brasil sería ya un hecho consumado, sin mucho que negociar más que algunos dólares más en compensación por la cesión de energía. Por lo expresado recientemente por el director General brasileño de Itaipú,

Una estrategia dilatoria del gobierno brasileño para sacar ventajas en base a hechos consumados puede generar un escenario muy negativo en la ciudadanía paraguaya y ningún acuerdo basado en ella tendrá legitimidad suficiente para que sea estable y otorgue la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento de la entidad en el futuro. O se inicia la negociación y alcanza rápidamente un acuerdo sobre el nuevo Anexo C, o es necesario un Acuerdo Puente para mantener la tarifa hasta que se termine la negociación. Busquemos un acuerdo de beneficio mutuo, evitemos los hechos consumados.