Vulnerabilidad creciente

En los últimos años observamos un deterioro en la posición macroeconómica del país y una reducción en los recursos críticos que impulsan la inversión y el crecimiento.

Por un lado, la vulnerabilidad crece porque los márgenes de endeudamiento prudente se han agotado y los planes de convergencia fiscal implementados desde la pandemia han fracasado. Hoy, los ingresos ordinarios del Gobierno Central no alcanzan para solventar los gastos permanentes porque estos se incrementaron desordenadamente en los últimos años. Esto hace que el déficit fiscal estructural esté por encima del 2% del PIB y que el tope del 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal no sea alcanzable.

Para empeorar, lagunas existentes en la Ley de Administración Financiera Pública permiten un subregistro en la ejecución presupuestaria. La regla básica para reflejar adecuadamente la situación financiera del Estado es que los ingresos se registran con base en lo recaudado y los gastos con base en lo devengado. Esta no se está aplicando rigurosamente y aparecen deudas con proveedores que no se reflejaron en los informes sobre las finanzas públicas, que reportaron déficits inferiores a la realidad. Esto resta credibilidad y las calificadoras podrían retirarnos el grado de inversión si no reportamos información fiscal fidedigna.

Por otro lado, los dos recursos que cimentaron el crecimiento económico de las últimas dos décadas se están agotando aceleradamente. Según la Encuesta de Empleo del INE, el crecimiento de la fuerza laboral se ha ralentizado sustancialmente. Viene creciendo al 1,5% anual desde el 2018, con 45.000 personas que ingresan a buscar empleo cada año, muy inferior a la década previa. Esta tendencia empeora en los próximos años según las proyecciones de población del INE. Además, se observa una acelerada reducción de la disponibilidad de energía en las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. Organizaciones especializadas en el sector energético vienen alertando que los excedentes de potencia se agotarán hacia el 2030 y podría anticiparse con la implementación de los data centers promovidos por el Gobierno. Si bien hay opciones para ampliar la oferta energética, especialmente con energía solar, los esquemas regulatorios vigentes no son adecuados para incorporar inversión privada y los tiempos de ejecución de proyectos son largos.

Ahora, ¿cómo hacemos para seguir creciendo e invertir en infraestructura y en servicios públicos básicos necesarios para el desarrollo del país como la educación y la salud?

El plan de crecimiento económico preparado para el MIC por la consultora Mckinsey es una respuesta adecuada para la primera parte. Es una evolución del modelo de crecimiento basado en exportaciones, con más foco en productividad, diversificación productiva y valor agregado, y una mayor intensidad en inversiones de capital e innovación.

La respuesta a la segunda parte necesita de conversaciones serias entre líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil. Todos somos conscientes de que un mejor capital humano y una logística más eficiente redundarán en un círculo virtuoso de mayor productividad y competitividad, mayor valor agregado, mejores salarios para los trabajadores y mayor bienestar para todos. Y que, para mejorar la calidad de la educación, la salud y acelerar la reducción de las brechas en infraestructura básica, serán necesarios más recursos que el aumento en la recaudación por efecto del crecimiento económico.

Sin embargo, la mala experiencia en uso de ingentes recursos públicos de las últimas dos décadas requiere compromisos creíbles de parte de los políticos. Castigos severos a la corrupción; mecanismos rigurosos de austeridad y priorización en el uso de los recursos públicos y aprobar una reforma profunda de la Caja Fiscal y del sistema de seguridad social, eliminando los privilegios de algunos sectores, son componentes previos ineludibles. Además, cada servicio público requiere reformas importantes para optimizar el uso de recursos y estos planes de reforma deben precisar los recursos adicionales para solventar los gastos operacionales y los ajustes tributarios para recaudarlo, y un plan de endeudamiento sostenible para financiar la inversión en infraestructura. Pero conversaciones serias y compromisos creíbles requieren un timing político adecuado.