¿Subsidiar combustibles? Mala decisión

Los precios internacionales del petróleo pegaron un salto luego de las sanciones impuestas por EEUU y la Unión Europea a Rusia por su invasión a Ucrania. Como Rusia produce alrededor del 10% del petróleo utilizado en el mundo, su potencial salida del mercado produjo un ajuste inmediato en los precios del barril y de los derivados del petróleo. Además, la incertidumbre con relación a la duración de la guerra y de las sanciones se traslada respecto a la permanencia de los precios actuales del petróleo y genera una alta volatilidad en ellos.
Nuestro país importa el 100% de los combustibles que necesita y el mercado opera en un régimen de libre competencia, tanto en la importación como en la distribución, con la presencia de una empresa pública compitiendo en toda la cadena, con una participación de alrededor del 15%. La comercialización de combustibles está sujeta al impuesto selectivo al consumo (ISC). Si bien las tasas actuales tienen un rango del 18% al 38% según el combustible, el Poder Ejecutivo redujo en febrero último las bases imponibles, y así las tasas efectivas del impuesto, para acotar los incrementos de precios. Por lo tanto, los combustibles están sujetos a un “impuesto selectivo”, que busca desincentivar el consumo, fundamentado en su impacto negativo en el medioambiente y en la intención de incorporar progresividad en el sistema tributario, porque los consumidores de combustibles son principalmente de los segmentos de mayores ingresos de la población. Por ello, un subsidio permanente no tiene justificación económica ni social, menos aún uno de carácter general. Además, representaría un altísimo costo para la sociedad. Si por alguna circunstancia se requiere un subsidio, este debe ser de carácter temporal y con beneficiarios bien focalizados en la población más vulnerable.

Ante reclamos de camioneros, a iniciativa del Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para la creación de un fondo de estabilización de precios de combustibles, similar al aplicado en Chile desde hace varias décadas. Consiste en un mecanismo permanente para suavizar los ajustes de precios al consumidor ante oscilaciones de los precios internacionales del petróleo y/o de la cotización del dólar. En tiempos de precios bajos se activa un impuesto para acrecentar el fondo y en tiempos de precios altos se activa un subsidio utilizando los recursos acumulados en el mismo. Un subsidio transitorio financiado por los propios consumidores. Los senadores rechazaron el proyecto porque el fondeo inicial es con un crédito de USD 100 millones. Pero dadas las circunstancias, un fondo sin fondos sería inútil y el Tesoro carece de otros recursos.

Finalmente, el Congreso aprobó una ley que autoriza a Petropar a reducir sus precios del gasoil común y la nafta 93 octanos hasta un 30% por debajo de sus costos reales, a ser financiado con recursos del Tesoro Público. Es la peor solución de todas las opciones posibles. Por un lado, introduce una gran distorsión en el mercado, beneficiando a propietarios privados de estaciones de servicios del emblema Petropar, cuya demanda aumenta artificialmente por efecto de los precios subsidiados en desmedro de las estaciones de servicios de otros emblemas, afectando negativamente sus inversiones e ingresos. Esto parece una estrategia de “precios predatorios” para eliminar competencia realizada por el propio Estado. Por otro lado, como grandes consumidores del gasoil común, serán beneficiados los transportistas de carga, los productores de soja, ganaderos, etc., porque el subsidio permite mantener los costos de flete y de utilización de maquinarias. Además, los recursos del Tesoro irán a cubrir las pérdidas de Petropar, a costa de no pagar a proveedores de obras e insumos además de abultar aún más el déficit.

Si bien no hay una solución óptima al problema, la aprobada por el Congreso es la peor, porque crea una diferencia artificial de precios a favor de un grupo de competidores en desmedro de otros e introduce un subsidio altamente regresivo que beneficia a los segmentos de mayores ingresos de la sociedad. Por el bien de todos, espero que dure solo los 90 días previstos y encontremos otra opción de menor daño colateral para el futuro.

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