No «electoralizar» la economía

La disputa política para las elecciones generales de abril del 2023 está en pleno apogeo, en especial las internas del partido colorado. La competencia política es natural y parte importante del sistema democrático. Sin embargo, lo fundamental es que las políticas públicas no sean instrumentadas para distribuir beneficios a ciertos grupos de votantes para posicionar candidatos, porque eso destruye la esencia de la República, que consiste en la administración de las políticas y los recursos públicos en función del bien común y del bienestar de la ciudadanía en general. La utilización electoral de los recursos públicos ha estado presente en todas las elecciones de este periodo democrático y ha venido creciendo en intensidad. Desde la sociedad civil hemos alertado a la ciudadanía y solicitado moderación a los políticos en todas las ocasiones, aunque con escaso éxito.

Por ejemplo, el aumento del precio de los combustibles por efecto de la invasión rusa a Ucrania generó una ola de reclamos de los consumidores y protestas de ciertos grupos, como el de camioneros, quienes cerraron rutas y amenazaron con sitiar Asunción. Ante tamaña amenaza, el gobierno envía apuradamente un proyecto de ley para crear un fondo y un mecanismo para suavizar los ajustes de precios de combustibles y mitigar el impacto en los consumidores. La mayoría del Senado rechaza el proyecto con el argumento de no endeudar más al Estado. Luego surge una solución mágica a través de un acuerdo entre senadores, camioneros y con apoyo del gobierno, para subsidiar ciertos combustibles exclusivamente a través de estaciones de servicios bajo emblema Petropar, financiado con fondos del Tesoro Nacional. O sea, se utilizarían fondos públicos e introduce una enorme distorsión en el mercado de combustibles al otorgar una diferencia de precios artificial a favor de los propietarios privados de las estaciones de servicio de Petropar frente a sus competidores, generando una competencia desleal incompatible con un régimen de economía social de mercado. Aprobaron un subsidio de alto costo sin análisis, sin justificación económica ni social y con importantes daños colaterales. Asimismo, hay proyectos de ley presentados para eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar y el impuesto selectivo a los combustibles, sin evaluar el impacto en las finanzas públicas.

Por otro lado, todo indica que empezó a operar tempraneramente la alianza entre políticos y sindicalistas del sector público, muchos de ellos operadores políticos, para utilizar los recursos públicos y otorgar reajustes salariales con el objetivo de incentivar el voto por los candidatos del movimiento o partido político correspondiente. Así, de manera repentina, la cámara de diputados aprobó un reajuste salarial superior al 60% para los actuarios judiciales y autoridades del gobierno firmaron un acuerdo con sindicatos de funcionarios públicos para un eventual reajuste salarial del 15%. Seguidamente, realizarán movilizaciones para generar el ambiente propicio y los parlamentarios “tendrán” que resolver el problema otorgando los beneficios solicitados.

Señores parlamentarios y autoridades del Poder Ejecutivo, por favor no “electoralicen” la economía. Les recuerdo que venimos saliendo de una pandemia, estamos enfrentando los efectos económicos de una profunda sequía y de una guerra en Europa; que están provocando recesión y una elevada inflación, y el déficit de las finanzas públicas este año rondará los USD 1.400 millones financiado con más deuda. No hay margen para más gastos rígidos ni para subsidios injustificados. La herencia para el próximo gobierno ya es muy pesada, estamos caminando por la cornisa y tenemos que ser muy austeros para evitar que el Estado caiga en una crisis fiscal similar a la del 2002

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