¿Fijar fletes por ley? Mala idea

La semana pasada estuvo marcada por la manifestación de camioneros reclamando la aprobación de un proyecto de ley que regule la fijación del flete que cobran por el transporte de cargas. Este servicio es esencial para el funcionamiento del sistema económico del país, debido a que los bienes que se producen en un lugar geográfico requieren ser transportados para su procesamiento, consumo o exportación a otros lugares de tal manera que lleguen a destino en el menor tiempo y al menor costo posible.

En un mercado libre y competitivo, la interacción entre el volumen de transporte demandado y la oferta disponible en un momento determinará los precios de equilibrio en cada ventana de tiempo. El rol fundamental del precio es actuar como señal para los prestadores respecto a la necesidad de reducir o aumentar la oferta de camiones. Si el precio de equilibrio de corto plazo no cubre los costos de prestación del servicio, inducirá a un ajuste en la oferta, provocando la salida del mercado de aquellos prestadores menos eficientes. Si el precio de equilibrio de corto plazo genera una rentabilidad muy atractiva, aumentarán las inversiones y la flota de camiones de los actuales o con la entrada de nuevos prestadores. Esta interacción dinámica entre demanda y oferta va generando una trayectoria de precios del servicio que va dando señales para que exista la capacidad necesaria para transportar toda la carga existente en cada periodo de tiempo. Ahora, si el Estado entra a fijar precios por ley, deja de funcionar este mecanismo fundamental para equilibrar de manera descentralizada las cantidades ofrecidas y demandadas en cada periodo de tiempo y, dependiendo del precio fijado, se generarán excesos de oferta con camiones ociosos o de demanda con carga sin poder ser transportada de manera permanente con ineficiencias y altos costos para la economía en general.

Sin embargo, una característica importante de este mercado es la alta volatilidad de los costos y precios subyacentes de la oferta y la demanda. Los costos están determinados principalmente por el precio internacional del petróleo y la cotización del dólar en nuestro país. De la misma manera, los precios de la soja, maíz, trigo, arroz, carne, etc. dependen de la cotización internacional de estos productos, y el clima impacta en la cosecha y los volúmenes de carga requerida. Estas volatilidades subyacentes requieren de muchísima flexibilidad en los contratos de prestación del servicio y un adecuado mecanismo de coordinación entre las partes para ajustarse en tiempo y forma a estas cambiantes condiciones del mercado para asegurar la continuidad del servicio en cualquier escenario.

Por otro lado, hay una convivencia de un gran número de proveedores de distintos tamaños y de un gran número de demandantes de distintos tamaños configurando, a priori, un mercado competitivo cuya interacción debería llevar a la determinación de precios de equilibrio que reflejen los factores fundamentales que determinan los costos del servicio (costo de capital, insumos, combustible, remuneraciones, impuestos, etc.) así como de la disposición a pagar por parte de los demandantes del servicio. Si este no fuera el caso, aquellos prestadores que se sientan agraviados por conductas anticompetitivas de algunas empresas contratantes u otros proveedores, con poder de mercado que estén fijando precios de manera arbitraria, deben realizar el reclamo ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Conacom).

La intervención estatal a través de una ley que fije precios y rentabilidades mínimas no resolverá el problema de fondo y generará mayores rigideces que dificultarán aún más el necesario ajuste a las distintas situaciones coyunturales de mercado, provocando interrupciones recurrentes en el transporte que desembocarán en desabastecimientos o precios más altos de los productos a los consumidores y en pérdidas de eficiencia que reducirán la competitividad del país en el comercio internacional. Dificultades coyunturales de coordinación entre proveedores y demandantes del servicio podrían como máximo requerir una participación mediadora por parte de instituciones responsables del sector, para alcanzar acuerdos de beneficio mutuo para las partes.