Energía, inversiones y desarrollo

El Poder Ejecutivo anuló decretos emitidos meses atrás para determinar incentivos a la instalación de data centers e industrias electrointensivas en nuestro país y aprovechar la energía hidroeléctrica para impulsar el desarrollo. Esta decisión fue el resultado de una falta de conformidad de las autoridades de la ANDE respecto a las tarifas consideradas en esos decretos, que según ellos, son insuficientes para cubrir todos los costos incurridos para entregar la energía requerida y generarían pérdidas y potenciales daños patrimoniales a la empresa. Las situaciones generadas a partir de este evento nos obligan a definir con mayor claridad reglas y criterios para la asignación de la energía que aún está disponible.

El elemento más relevante es el uso alternativo de la energía. Por un lado, es un insumo para el desarrollo industrial y, por otro, es un servicio fundamental para la calidad de vida de las familias. En un escenario de escasez, el racionamiento de la energía disponible siempre priorizará a las familias y a las actividades económicas de menor intensidad en el consumo frente a los grandes consumidores, en particular las electrointensivas. La asignación de la energía disponible y las proyecciones de crecimiento de la demanda deben considerar estos segmentos prioritarios y planificar de la manera más precisa posible las inversiones necesarias para aumentar la generación de energía en tiempo y forma, considerando las fuentes de generación disponibles en el país. En la medida en que se materialicen las inversiones e implementen los proyectos en los tiempos requeridos serán posibles satisfacer la demanda, sin necesidad de racionamientos o cortes.

Con estas premisas, la ANDE ha asignado bloques limitados de energía para grandes consumidores electrointensivos. El uso de estos bloques debiera priorizarse con base en impacto económico y social de los subsectores industriales que puedan desarrollarse con ellos. Hasta ahora lo utilizaron las criptomineras. El Gobierno busca incentivar la instalación de data centers y la empresa Atome quiere producir fertilizantes verdes. Según la estrategia de crecimiento preparada por la consultora Mckinsey al MIC, el único de estos tres que tiene un impacto de nivel medio en creación de empleo y valor agregado en el PIB es el de fertilizantes verdes. El impacto de los data centers es bajo y de la criptominería casi nulo. Hay otras industrias de gran impacto por unidad de energía, como las plantas de aluminio o de e-metanol, pero sin proyectos concretos en el país.

Luego está la cuestión de las tarifas. En primer lugar, las tarifas fijadas a los distintos segmentos deben incorporar todos los costos relevantes de generación, transmisión, distribución, operación, mantenimiento, financieros y de administración correspondientes para la entrega de la energía a cada segmento, con sus características particulares. Ni el Tesoro ni la ANDE tienen capacidad de subsidiar; tampoco debe haber subsidios cruzados, pero hay claras diferencias entre grandes y pequeños consumidores y de constancia en el consumo en el tiempo que generan diferencias en costos y deben reflejarse en las tarifas.

En segundo lugar, es tiempo de acordar con el Brasil el nuevo Anexo C para la Itaipú que incorpore una premisa de mínimo costo, con la tarifa más baja posible a partir del 2027. Esto permitiría a la ANDE reducir sus costos de compra de energía y luego de incorporar los demás costos de entrega que consideren niveles de eficiencia optimizados, pueda fijar tarifas competitivas para impulsar el desarrollo de sectores industriales electrointensivos, priorizando aquellas de mayor impacto en términos de empleo y valor agregado.

Según cálculos propios y de profesionales independientes del sector eléctrico, con una tarifa de Itaipú de mínimo costo es posible una tarifa inicial de ANDE de USD 35 por MWh para este tipo de grandes consumidores. Sin embargo, no es posible comprometer una tarifa fija por un periodo largo de tiempo, ya que la incorporación de nuevas fuentes de generación implicará un costo incremental promedio creciente. Es necesaria una regla tarifaria que considere la evolución futura de los costos de prestación del servicio, cuya aplicación tenga la previsibilidad necesaria para las partes. Como mínimo, se requiere un ente regulador independiente y competente para generar confianza.