Luz roja para el Anexo C

Una noticia importantísima para nuestro país, y que tuvo poco destaque en la prensa, ha sido la promulgación por parte del Gobierno brasileño de un decreto que habilita a las empresas distribuidoras de electricidad del Brasil a diferir el pago por la compra de la energía proveniente de Itaipú.

En el mes de febrero pasado un Bolsonaro muy molesto con los incrementos en los precios de la nafta decidió destituir al presidente de Petrobras y amenazó con también “meter el dedo en la energía eléctrica”.

Ahora cumplió su amenaza con este decreto que “de derecho” no le afecta a Itaipú, pero “de hecho” es muy probable que le afecte… y mucho.

Recordemos que el 85% de la energía de Itaipú es comprada por el Brasil a través de Eletrobras, que a su vez les vende a las diferentes empresas distribuidoras eléctricas, las que finalmente le venden al usuario final.

El decreto que permite diferir el pago por la compra de la energía de Itaipú es un incentivo para que las empresas eléctricas no efectúen un incremento en la tarifa de la electricidad en un momento ya muy complicado para el Brasil, por la terrible crisis sanitaria, por el grave estancamiento económico y por la caída de la popularidad del presidente.

Si las distribuidoras eléctricas deciden diferir el pago a la Eletrobras es altamente probable que la misma no pueda realizar la totalidad de los pagos a Itaipú, con lo cual la empresa binacional podría tener problemas de flujo de caja para cubrir todos sus gastos.

Un problema similar ocurrió en la década de los 90 y la Itaipú se vio obligada a priorizar cuáles gastos pagar y cuáles no. En aquel momento se priorizaron los gastos operacionales para permitir el funcionamiento de la usina y los gastos de royalties que se pagan a los dos países por el uso del agua.

Aquella vez Itaipú decidió postergar el pago de los préstamos que vencían y entró en mora en el pago de su deuda. Si se repite un escenario similar es altamente probable que el pago de la deuda sea nuevamente lo que quede postergado.

La gran diferencia en esta ocasión es que estamos a tan solo dos años de la revisión del Anexo C y existe un contrato firmado en 1997 entre Eletrobras e Itaipú, donde se acuerda la cancelación total de la deuda para el año 2023.

Si eso no ocurriera, todos los escenarios de negociación que fuimos construyendo los paraguayos pensando que la deuda sería cancelada no tendrían ningún valor.

Es importante que todos sepamos que así como el gran comprador de la energía de Itaipú es el Brasil por medio de Eletrobras, también el gran acreedor de Itaipú es el mismo Brasil por medio del Tesoro brasileño y la misma Eletrobras.

Esta probable crisis que estamos vislumbrando es un problema interno de los brasileños y debe ser solucionado por ellos mismos, no afectando a Itaipú ni a la cancelación de la deuda en el 2023.

Hasta ahora el problema es interno del Brasil, pero creo que debemos estar alertas para ver cómo esta decisión del país vecino puede afectar nuestros legítimos intereses en Itaipú.

Esta vez no podemos permitir que el pago de la deuda sea el elemento de ajuste, aunque es probable que también haya fuertes presiones buscando reducir otros gastos, como los operacionales donde se encuentran los cuestionados gastos sociales.

La opinión pública paraguaya debe prender la luz roja ante este nuevo escenario y debe estar muy atenta a las decisiones que se tomen en los próximos meses.

La revisión del Anexo C es un hito de gran trascendencia para el desarrollo futuro de nuestro país y en este momento de incertidumbre tenemos que recordarles a los brasileños la misma expresión latina que ellos nos hicieron recordar poco tiempo atrás: “Pacta sun servanda” (los pactos deben ser cumplidos).

Consecuentemente, la deuda de Itaipú debe ser cancelada totalmente en el 2023.

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