Los primeros pasos

El nuevo gobierno está dando sus primeros pasos en términos de gestión y si bien es prematuro para sacar conclusiones, ya podemos extraer algunas señales respecto a las prioridades en términos de políticas públicas, sus condicionantes y conflictos.

Por un lado, como es natural al inicio de un gobierno, se observa aún la necesidad de compatibilizar recursos limitados con necesidades cuasi infinitas en todos los ámbitos de acción del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda anunció el programa Che Róga Porã con la meta de posibilitar el acceso a la vivienda propia a 500 mil familias de clase media, a través de créditos con cuotas equivalentes a un alquiler, pero no queda clara la fuente de los recursos necesarios para financiar un plan de tal envergadura.

Por otro lado, en su toma de posesión, el Ministro de Economía y Finanzas (MEF) remarcó que la diferencia de este gobierno estará en usar eficientemente los escasos recursos disponibles. De hecho, el principal objetivo de la creación del MEF con la incorporación de la Secretaría Técnica de Planificación y de la Función Pública a su estructura, es mejorar sustancialmente la asignación de recursos y la calidad del gasto para recuperar la confianza de la ciudadanía y de los contribuyentes en el Estado como proveedor eficiente de bienes y servicios públicos. En este sentido, hay un conjunto de reformas en agenda, como la creación de la superintendencia de jubilaciones, la reforma de la caja fiscal, la reorganización de ministerios y secretarías, una nueva ley del servicio civil, etc. Explicó además, que debido a la delicada situación en la cual el nuevo gobierno recibe las finanzas públicas del país, priorizará las áreas de salud, educación y seguridad en la asignación de los escasos recursos, y que las instituciones responsables de las demás áreas deberán mejorar la eficiencia y hacer más con los mismos recursos. Tampoco será posible cumplir con el déficit fiscal del 2,3% del PIB previsto en el presupuesto de este año y están solicitando al Congreso su ampliación al 4,1%, además de una autorización de déficit del 2,6% del PIB para el 2024 y proyectan recién para el año 2026 la convergencia al tope del 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En este contexto, los sindicatos de maestros, quienes cuentan con una agenda bien delineada, se anticiparon a la jugada con una amenaza de paro si no se atendían sus demandas de mantener el poder adquisitivo del salario básico profesional e implementar el escalafón docente, que implica remuneraciones adicionales por grado y por antigüedad para los maestros. A fin de evitar el paro, las autoridades decidieron incorporar el costo de estos reclamos en el presupuesto del 2024. Entendemos que una educación de calidad solo es posible con maestros competentes, lo cual requiere una remuneración acorde y adecuada. Sin embargo, si consideramos los resultados obtenidos en términos educativos en los últimos años, la mayoría de los maestros necesita una capacitación que eleve sustancialmente sus capacidades para mejorar la enseñanza, y esto obviamente debe tener la correspondiente contraprestación en términos de mejores remuneraciones; de otra manera, seguiremos teniendo una educación de mala calidad, pero cada vez más costosa para los ciudadanos. Las autoridades debieran tomar la iniciativa en esta área lo antes posible y aplicar el escalafón docente con base en la meritocracia.

Escasez versus grandes demandas de recursos públicos para atender las necesidades de más y mejores servicios públicos será la tónica de la gestión de gobierno en los próximos años. La ampliación del déficit fiscal hasta el 2025 dará cierto margen para responder a lo más inmediato con más deuda pública, pero al costo de postergar el necesario grado de inversión en la calificación de riesgo del país. Además, dada la promesa del gobierno de no modificar el sistema tributario, alcanzar resultados más ambiciosos dependerá del éxito que tenga el Ministerio de Economía en realizar las reformas necesarias para mejorar la asignación de recursos y la calidad del gasto público y los ingresos adicionales que se recauden con la reducción de la evasión tributaria que pueda lograr la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios al integrar los controles tributario y aduanero.