Bonos del Tesoro y mercado de capitales

Una debilidad observada por las calificadoras de riesgo internacionales sobre nuestro país es la alta participación de la deuda externa en dólares en el endeudamiento del Tesoro, que supera el 90% del total.

Esta alta dependencia de los mercados internacionales representa una vulnerabilidad de las finanzas públicas ante los vaivenes en los flujos de capitales por cambios en la política monetaria de los países desarrollados y/o por el efecto contagio que se produce cuando algún país emergente enfrenta una crisis financiera y sus efectos son ampliados al conjunto de países emergentes. Estos riesgos serían mitigados si el país tiene una fuente de financiamiento doméstico suficientemente profundo.

Si bien el mercado de capitales de nuestro país ha tenido un impulso importante en los últimos años, la demanda de bonos del tesoro es aún pequeño en proporción a las necesidades de financiamiento del fisco. Sin embargo, con la implementación de algunas medidas y reformas se puede ampliar la demanda de bonos del tesoro en moneda local y al mismo tiempo profundizar el desarrollo del mercado de capitales.

En primer lugar, es necesario reposicionar los bonos del tesoro como una inversión segura entre inversionistas locales. Sigue habiendo desconfianza en la administración de las finanzas públicas y, por ende, una percepción de riesgo alta sobre la deuda pública. El default selectivo del 2003 sobre la deuda local fue un golpe muy fuerte a la credibilidad del Tesoro, en este sentido. Sin embargo, las reformas y la disciplina fiscal mantenida desde el 2003 y la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el 2013 fueron cambios estructurales que mejoraron la percepción sobre el Estado. Por ello, hoy es muy importante cumplir el plan de convergencia al tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB previsto en ella, para consolidarlo como ancla de sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por otro lado, si bien las expectativas de inflación a corto y mediano plazo están bien ancladas gracias a que la política monetaria ha tenido efectividad en mantenerla cerca de la meta del Banco Central, a plazos más largos están menos arraigadas, y el Tesoro necesita plazos más largos en su deuda en moneda local. Para eliminar el riesgo de inflación al inversionista, el Ministerio de Hacienda debería crear y emitir bonos del Tesoro protegidos de la inflación a plazos de entre 10 y 30 años, cuyo capital sea actualizado diariamente con base en la tasa de inflación del IPC del mes anterior y pague una tasa de interés real similar al resultante de la suma de la tasa de interés real del bono del tesoro americano más la prima por riesgo país implícita en los bonos del tesoro paraguayo en dólares a los mismos plazos. Esta tasa sería de 3,5 – 4,5% anual según los valores de mercado actuales. Bonos de este tipo existen en Brasil, Chile, EEUU, etc.

En segundo lugar, se deben regular carteras de inversión diversificadas referenciales para todas las cajas previsionales con límites mínimos y máximos de inversión en distintos tipos de instrumentos financieros y emisores, con requisitos mínimos de calificación de riesgo que garanticen la seguridad y optimicen la rentabilidad y liquidez de los fondos de jubilaciones. El bono del tesoro sería uno de los instrumentos autorizados para la inversión de los fondos de jubilaciones con límites razonables según las mejores prácticas internacionales. Además, es fundamental la creación de una Superintendencia de Jubilaciones, dependiente del Banco Central que controle estrictamente su cumplimiento y habilitar la creación de fondos de pensiones complementarias y voluntarias en régimen de capitalización cuyos aportes sean deducibles del impuesto a la renta y sean administradas por entidades especializadas autorizadas por la Superintendencia.

Estas medidas ampliarían el mercado de financiamiento en moneda local del Tesoro y, al mismo tiempo, darían un impulso al mercado de capitales con más opciones de financiamiento para el sector privado. Además, un incremento en la cobertura del sistema de jubilaciones y pensiones generaría un fuerte aumento en el ahorro nacional de largo plazo que sería canalizado adecuadamente al financiamiento del desarrollo de la infraestructura pública y de inversiones privadas para dinamizar la economía del país.