Anexo C de Itaipú

Estamos a dos años y meses del plazo de 50 años previsto en el Tratado de Itaipú para la revisión de su Anexo C. El Gobierno ha conformado un equipo negociador y un grupo de comisiones técnicas ya le entregaron escenarios y recomendaciones como insumos para la negociación. Sin embargo, sigue siendo un tema muy controversial tanto en el campo técnico como político, pero es importante ponernos de acuerdo con algunas premisas básicas que permitan avanzar en la negociación y alcanzar un acuerdo de beneficio mutuo para ambos países. Mi intención es aportar elementos en este sentido.

El aspecto más relevante es que Itaipú termina de pagar la deuda que asumió para la construcción de la usina, cuyas amortizaciones y pagos de intereses representan el 60% del costo total de la entidad y ahorrará alrededor de USD 2.000 millones anualmente en estos conceptos. Como propietarios condóminos con el 50% cada uno, los Estados de Paraguay y Brasil deben encontrar el mecanismo más adecuado para distribuir esta renta energética en partes iguales. En este sentido, hay dos alternativas extremas posibles e infinitas combinaciones intermedias entre ellas.

Por un lado, la opción más clara y directa es mantener la tarifa actual de la energía de Itaipú e incorporar un concepto de renta energética en ella, cuyo ingreso generado sea distribuido en un 50% para cada Estado y transferido mensualmente a los Tesoros brasileño y paraguayo. Según estimaciones que presenté en un artículo publicado por el Ministerio de Hacienda recientemente, es posible incluir hasta USD 20 x MWh generado como renta energética, manteniendo la tarifa actual.

En el otro extremo está la reducción directa y proporcional de la tarifa de Itaipú a la reducción de los gastos financieros al terminar de pagar la deuda. El problema es que si no se hace algo más, esto beneficia desproporcionalmente al Brasil porque la distribución se realizaría en proporción al consumo de la energía. Como el Brasil consume el 85% de la energía de Itaipú, capturaría el 85% de los USD 2.000 millones de ahorro y Paraguay solo se quedaría con el 15%. Esto claramente es inequitativo considerando que ambos países son propietarios en partes iguales. Para equilibrar la balanza en este caso, se debe complementar la compensación por energía cedida en un valor adicional al actual que compense exactamente la diferencia y distribuya la renta energética en partes iguales. Sería compleja, pero es posible encontrar una fórmula matemática para fijarla en función de la proporción de la energía cedida. También se podría comercializar directamente la energía excedente de nuestro país en el mercado brasileño a precios fijados a través de licitaciones competitivas a distintos plazos en función de la disponibilidad de estos excedentes. Por otro lado, esta opción implicaría una reducción de costos de la ANDE que puede ser utilizada para promover su uso para el desarrollo de distintos sectores económicos a través de una política tarifaria focalizada.

Por otro lado, existen varias combinaciones posibles entre estos dos extremos que pueden ser consideradas. Una en particular planteé en un artículo anterior y consiste en reducir la tarifa de Itaipú hasta el costo promedio actual de compra de la ANDE de la energía de Itaipú que está en alrededor de USD 26 x MWh. Esto permitiría incorporar en la tarifa de Itaipú una renta energética equivalente a USD 10 x MWh generado y requeriría también incrementar el valor actual de la compensación por cesión de energía para capturar el resto del 50% de la renta energética que corresponde a nuestro país.

Considerando la situación de las finanzas públicas post-Covid-19 tanto en Paraguay como en Brasil, la primera opción es la más razonable. Sin embargo, la postura inicial de las principales partes interesadas en Brasil es reducir el costo de la energía de Itaipú para mejorar la competitividad de su economía. Hay alternativas intermedias que combinan ambos objetivos, lo importante es que como resultado final del acuerdo, cualquiera sea este, se distribuya la renta energética de USD 2.000 millones que se generan al terminar de pagar la deuda de Itaipú en partes iguales entre ambos propietarios de la represa.

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