La seguridad. Otra deuda pendiente. El crimen organizado crece y la inseguridad amenaza a los ciudadanos.

Paraguay logró contener el terrorismo, pero el crimen organizado avanza sobre las instituciones con una lógica económica mucho más difícil de enfrentar.
¿Por qué el Estado pudo responder al EPP y no logra repetir ese éxito frente al crimen organizado?
¿Qué significa que la infiltración criminal haya alcanzado a todas las instituciones?
¿Está dispuesta la sociedad a un pacto que priorice la inversión en seguridad?

En este episodio de Plaza Pública, conducido por Yan Speranza, Nimio Cardozo —comisario principal y director de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional— y Carlos Capurro —abogado y especialista en seguridad con trayectoria nacional e internacional— analizaron el estado de la seguridad en Paraguay en sus tres dimensiones: el terrorismo, el crimen organizado y la seguridad ciudadana.

Un problema transversal con múltiples capas

Se explicó que la seguridad es un fenómeno transversal que condiciona el desarrollo, y que su análisis exige distinguir ámbitos: la seguridad ciudadana, la más sensible porque afecta directamente a la gente; la contención de actores terroristas; y el crimen organizado, con su capacidad de copar estructuras estatales. Se planteó que Paraguay no está bien en la materia, pero sí mejor de lo que se autopercibe. Se mencionó que el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior, recoge las denuncias captadas por la Policía y permite seguir el comportamiento de los delitos, aunque sus datos son de consumo interno y no de acceso público, y se advirtió que no se puede depender únicamente de esa herramienta.

El terrorismo contenido y el modelo CODI

Se señaló que la lucha contra el terrorismo es un avance claro: las acciones del EPP ya no tienen el dramatismo de hace diez años, cuando había secuestros y atentados. Se detalló que el Estado comprendió que enfrentaba una doctrina de origen FARC, marxista-leninista, y adoptó el modelo colombiano con la asesoría del general Naranjo y del entonces presidente Álvaro Uribe. Se indicó que el EML y la ACA dejaron de existir y que el EPP, que hace entre 10 y 15 años superaba los 30 integrantes, fue disminuyendo, con la caída de su líder, Osvaldo Daniel Villalba Ayala, como punto de inflexión. Se recordó además el secuestro de Fidel Zavala, que durante sus 93 días de cautiverio aportó conocimiento sobre el funcionamiento interno del grupo.

Por qué el crimen organizado es un enemigo distinto

Se destacó que el terrorismo tiene una motivación política y es enemigo natural del Estado, mientras que el crimen organizado persigue ganancias y procura pasar inadvertido. Se explicó que, al manejar un enorme caudal de dinero, tiene poder para comprar voluntades y se infiltra por grados, desde un puesto de guardia con dos suboficiales hasta niveles de decisión política, financiera y de seguridad. Se señaló que, cuando el Estado lo advirtió, la estructura ya estaba formada, porque sus integrantes se presentaban como empresarios exitosos. Se afirmó que hoy hay detenidos y procesados del ámbito político, financiero, policial y militar, aunque se aclaró que generalizar sería un error.

Infiltración, impunidad y vocación policial

Se citaron como ejemplos el cuaderno de anotaciones hallado en la estructura de “Macho”, en Canindeyú, con pagos a agentes de la SENAD, de la Policía y del Ministerio Público, y el caso de las “celdas VIP”, donde un capo dirige su negocio con más comodidad que desde una oficina corporativa. Se indicó que a la voluntad política de combatir el fenómeno se opone la voluntad de ser corrompido, en un contexto en que la política resulta costosa. Se sostuvo que la seguridad no se ha convertido en una profesión aspiracional en Paraguay, que para muchos policías el ingreso es un escape de una realidad peor y que los bajos salarios y el riesgo de vida facilitan la infiltración.

La fuerza de tarea conjunta como respuesta

Se afirmó que el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), que integra a las tres armas, la SENAD, la Policía Nacional y la Fiscalía bajo una burbuja de inteligencia común, es el modelo más exitoso y replicable. Se explicó que este esquema llegó a Latinoamérica por impulso del gobierno estadounidense, que Colombia lo perfeccionó y que hoy se replica en México, Ecuador, Europa y África. Se detalló que el CODI se expandió de tres departamentos a toda la zona este y sur del país, y que entre el 80 y el 90% de sus operaciones y estadísticas corresponden hoy a la lucha contra el crimen organizado, con incautaciones de cocaína y marihuana. Se aclaró que la participación militar es constitucionalmente válida y que la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía.

Presupuesto, capacidad de fuego y pacto social

Se indicó que este es apenas el segundo año en que el CODI cuenta con presupuesto propio, ya que antes se reprogramaban fondos de cada fuerza y de la Policía. Se comparó la capacidad de fuego de dos policías con pistola en un puesto de Canindeyú frente a hombres armados con fusiles M4 y varios cargadores. Se señaló que entre el 70 y el 80% del presupuesto se destina a salarios, que la renovación de equipos se postergó durante décadas, como la compra de los Super Tucano planificada desde 2012, y que la inversión en seguridad “no es un gasto simpático” y suele competir políticamente con rubros como las camas de terapia intensiva. Se concluyó que la voluntad política no basta y que hace falta un pacto social que entienda que, sin seguridad, no hay desarrollo.

Seguridad ciudadana, microtráfico y lectura de los datos

Se explicó que el microtráfico es un eslabón de la cadena del crimen organizado y que la seguridad ciudadana es el fenómeno que más se siente, desde quien mira varias veces antes de abrir el garaje hasta la madre que no duerme tranquila. Se advirtió que los datos deben tomarse con cautela: se recordó que los robos de celulares de 2017 y 2018 se concentraban cerca de comisarías porque se simulaban para cobrar seguros, y que la baja de homicidios desde 2015 no necesariamente indica una mejora, ya que el crimen organizado no busca exposición. Se vinculó además la franja de pobreza con el microtráfico y se planteó la necesidad de formar ciudadanos con “situation awareness”, es decir, atentos a su entorno.

Policía comunitaria, calidad y gobernanza

Se detalló que se trabaja en un replanteamiento operacional de las comisarías, con el modelo colombiano de policía por cuadrantes, que asigna un binomio de policías por sector las 24 horas, y con un enfoque de policía comunitaria que gane la confianza del vecino. Se informó que el departamento a cargo de Nimio Cardozo cumple su tercer año con la certificación ISO 9001 versión 2015 y que evalúa a sus usuarios mediante encuestas semestrales. Frente a los bajos niveles de confianza en la Policía que muestra el Latinobarómetro, se señaló que los fracasos son resonantes y los éxitos pasan inadvertidos, por lo que se requiere una estrategia de comunicación que acerque la institución a la gente. Se propuso activar el Consejo Nacional de Seguridad, que existe en el papel pero no funciona, para alinear a la Policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, la SENAD y el Ministerio Público, y se agregó que el Poder Judicial y la Fiscalía deben cortar el principal combustible del crimen organizado, la impunidad.

El episodio permitió describir una seguridad paraguaya con un éxito estratégico en la contención del terrorismo y una deuda pendiente frente al crimen organizado, cuya infiltración institucional, capacidad económica y carácter transnacional exigen el mismo trabajo conjunto que dio resultados con el EPP. Los invitados coincidieron en que ello requiere presupuesto, talento humano, mejor institucionalidad, lucha contra la impunidad y un consenso social que reconozca la seguridad como condición del desarrollo.