La verdadera reforma previsional

Los ajustes en las jubilaciones de los funcionarios públicos son necesarios para garantizar la continuidad de sus pagos en el futuro, pero son insuficientes frente al desafío de ampliar la seguridad social de toda la población.

El ex ministro de Hacienda de Chile, Alberto Arenas, menciona en un libro de su autoría: “Los sistemas de pensiones enfrentan desafíos vinculados con el envejecimiento de la población y la sostenibilidad fiscal, lo cual implica reconsiderar parámetros como la edad de jubilación, las tasas de cotización y las fórmulas de beneficio para mantener el equilibrio entre cobertura, suficiencia y sostenibilidad”.

Los ajustes paramétricos (cambios en las reglas de la edad para jubilarse, el aporte y el porcentaje de la jubilación) de la Caja Fiscal ayudarán a mejorar la situación financiera. La versión aprobada por la Cámara de Diputados mejora la equidad, al limitar las jubilaciones tempranas de un sector y eliminar la equiparación de haberes de las fuerzas públicas.

Esto significa medidas importantes, donde la más relevante es la introducción de una edad mínima para el sector docente. Este cambio es imperativo porque las personas viven más tiempo, lo cual implica pagar jubilaciones durante más años.

También se suben los aportes de los sectores deficitarios, ubicándose así entre los más altos de los países de la región, y con un aporte explícito del Estado. Las tasas de sustitución –porcentaje del salario que se recibe como jubilación– se reducen, lo que se acerca a los parámetros regionales. Y aunque sube la edad de jubilación, esta seguiría por debajo de los valores de la región.

El periodo de transición, donde se mantienen las reglas para las personas que están próximas a la jubilación, es relativamente corto. Esto tiene sustento jurídico en la definición de los derechos adquiridos, pero genera dudas desde el punto de vista de la equidad previsional. Prevalece así un enfoque financiero de caja, por encima de un enfoque de seguridad social.

Ahora, no se aborda la reforma institucional, considerando que la Caja Fiscal debería ser una institución autónoma. Lo que seguramente será requerido más adelante por la Superintendencia de Pensiones.

Se trata entonces de una reforma paramétrica, que es importante para que se puedan pagar las jubilaciones en el futuro, pero que solo buscaría contener el déficit financiero, sin una mirada de seguridad social en un sentido más amplio.

Justamente, el problema principal es otro. Según una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo sobre los desafíos del trabajo y de los sistemas previsionales, solo 2 de cada 10 trabajadores contribuye para una jubilación en el Paraguay. Esto es un reflejo de la elevada informalidad laboral y significa que la mayoría no tendrá acceso a una jubilación.

El mismo documento evidencia que Paraguay tiene uno de los sistemas de jubilaciones más generosos. La tasa de sustitución es del 65% en América Latina, mientras que en Paraguay se mantienen tasas superiores.

Además, el sistema está fragmentado, es decir, existen varias instituciones son sus respectivas reglas y poco integradas entre sí. Esta fragmentación dificulta la movilidad laboral y la continuidad de los aportes de los trabajadores.

Este problema podría empeorar, dada la mayor longevidad de la población. En el futuro habrá menos trabajadores aportando por cada jubilado y más años de pago de las jubilaciones, todo lo cual perjudicará la sostenibilidad. Además, el costo de los programas no contributivos –las transferencias para adultos mayores– irá subiendo.

Mejorar la situación de la jubilación pública es necesaria. Pero la verdadera reforma previsional, la que permita que más paraguayos puedan jubilarse, sigue pendiente. Una reforma que ojalá pueda incluirse en la agenda.