UE-MERCOSUR: ¿Mercado abierto o nuevas barreras?

Paraguay comenzó a implementar en mayo el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cerrado tras 25 años de negociación, pero su aprovechamiento pleno enfrenta obstáculos normativos y de coordinación regional. ¿Qué oportunidades comerciales concretas abre el acuerdo para Paraguay? ¿Qué normativas europeas, por fuera del acuerdo, pueden limitar sus beneficios? ¿Qué políticas públicas necesita el país para aprovechar plenamente esta apertura?

En este episodio de Plaza Pública, conducido por Yan Speranza, Fernando Massi —director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP)— y Héctor Cristaldo —presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP)— analizaron el estado de implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sus oportunidades comerciales y los riesgos normativos que podrían condicionar su aprovechamiento.

La entrada en vigencia del acuerdo y su desgravación arancelaria

Se explicó que el acuerdo, firmado tras 25 años de negociación, comenzó a regir de manera provisional a partir del 1 de mayo, a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, instancia a la que el Parlamento Europeo remitió el texto. Se detalló que la Unión Europea desgravará de inmediato el 74 % de los productos negociados y llegará al 92 % en un plazo de 10 años, mientras que el Mercosur reducirá sus aranceles de forma gradual hasta alcanzar el arancel cero recién al cabo de ese mismo período. Se indicó que, a último momento, la Unión Europea incorporó una salvaguardia agrícola activable si las importaciones dañan a sus productores, equilibrada con un mecanismo que permite al Mercosur reaccionar de forma similar si se considera perjudicado.

Más allá de la soja y la carne: los otros cupos que se abren para Paraguay

Se señaló que, si bien la mayor competitividad de Paraguay sigue estando en los complejos de la soja y la carne, el acuerdo también otorgó cupos de interés para la azúcar orgánica, la carne porcina, el etanol y el arroz, ampliando la oferta exportable más allá de los productos tradicionales. Se destacó además el potencial de atraer inversión europea para construir cadenas de valor dentro del Mercosur —en sectores como autopartes, plásticos o medicina—, un tipo de integración productiva que hasta ahora es escasa entre los socios del bloque y que resulta especialmente relevante para una economía pequeña como la paraguaya.

El reglamento de deforestación y las normativas que operan por fuera del acuerdo

Se planteó una preocupación central: la existencia de normativas europeas unilaterales, ajenas al acuerdo firmado, que pueden condicionar su funcionamiento. Se explicó que el reglamento que prohíbe importar productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020 no representaría un problema mayor para Paraguay, que cuenta con su ley de deforestación cero en la región oriental desde hace 20 años. Se advirtió, en cambio, que el mecanismo de “diligencia debida” exigido por esa misma normativa se basa en criterios considerados subjetivos y no ofrece instancia de defensa, al punto de que una denuncia sin sentencia firme podría bloquear a un exportador. Se mencionó también un impuesto al carbono, vigente por ahora solo para el acero pero con riesgo de expandirse, y el concepto de “cambio de uso de suelo indirecto”, que atribuye a la soja paraguaya un rol en la deforestación del Chaco por el eventual desplazamiento de la ganadería, calificado como un criterio poco fundamentado técnicamente. Como ejemplo de este riesgo, se citó que semanas después de la firma del acuerdo una normativa europea excluyó al aceite de soja como biocombustible por considerarlo de alto riesgo de deforestación indirecta, afectando un cupo de 50.000 toneladas ya otorgado a Paraguay, con advertencia de que el mismo criterio podría alcanzar también al etanol de maíz.

Presión social y ambiental dentro de la propia Unión Europea

Se explicó que buena parte de estas normativas responde a una fuerte presión de la sociedad europea sobre cuestiones ambientales, que en ciertos casos deriva en medidas calificadas de exageradas, incluso cuestionadas por el propio sector privado del bloque. Se mencionó, como ejemplo, el caso de un banco holandés que evaluó dejar de financiar al sector ganadero lechero por sus emisiones de metano. Se señaló que, ante protestas de sus propios productores agrícolas, la Unión Europea ya debió pasar de prohibiciones a incentivos en algunas de estas normativas, lo que evidencia un debate interno todavía no resuelto sobre el equilibrio entre sustentabilidad y producción.

Minerales, energía renovable y otras oportunidades fuera del agro

Se indicó que la competencia geopolítica entre la Unión Europea y China en la industria automotriz y de energía renovable abre una oportunidad para productos vinculados a minerales críticos y energía limpia —litio, hidrógeno, energía hidroeléctrica— en los que la región, y en menor escala Paraguay, puede posicionarse. Se agregaron los sectores textil, de plásticos y de cueros como rubros no agroalimentarios con oferta exportable ya instalada y capacidad de ampliarse en el corto plazo.

El verdadero beneficio, según un estudio del BID: institucionalidad y productividad

Se citó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo según el cual el mayor beneficio del acuerdo para Paraguay no provendría tanto de la apertura de mercado como de la mejora institucional y de productividad que exige cumplir con los estándares europeos. Se detalló que esto implica avanzar en armonización normativa —algo que el propio Mercosur no logró resolver internamente—, adoptar un certificado de origen digital exigido a partir de 2029, firmar un convenio de facilitación de comercio aún pendiente, y nivelar los sistemas de calidad entre instituciones, hoy más avanzados en organismos como el SENACSA o el SENAVE que en otros como la DINAVISA. Se mencionó también el aprovechamiento de las indicaciones geográficas y la propiedad intelectual como una herramienta todavía no explotada por el país.

La pelea interna del Mercosur por los cupos generales

Se distinguió entre los cupos directos ya asignados a Paraguay —azúcar orgánica y aves, entre otros, aún sin utilizar— y los cupos generales que deben repartirse entre los cuatro socios del Mercosur, como las 99.000 toneladas de carne, sobre los cuales no existe todavía acuerdo. Se explicó que Paraguay reclama un reparto igualitario del 25 % para cada país, mientras Brasil propone ponderar la participación en el mercado global, Argentina prioriza el volumen vendido a Europa, y Uruguay plantea excluir a Paraguay alegando que sus frigoríficos aún no están habilitados para exportar a ese mercado. Se señaló que, bajo el criterio de “primero en llegar, primero servido”, Uruguay y Argentina ya lograron agotar cupos comunes en apenas una semana, y que la próxima instancia de negociación está prevista para octubre. Se mencionó además que Brasil ya aprobó una ley de “cláusula espejo” que le permitiría responder a medidas unilaterales europeas, un instrumento que el resto del bloque todavía no tiene.

Una relación comercial históricamente marginal y el desafío de las inversiones

Se indicó que apenas el 4 % de las exportaciones paraguayas tiene hoy como destino la Unión Europea, muy por debajo del 22 % registrado en 2011 —cifra que en su momento generó controversia por errores de registro estadístico vinculados a la triangulación de exportaciones de soja vía Uruguay— y que se redujo tras el fin del Sistema Generalizado de Preferencias en 2018 y el desvío de parte del comercio de soja hacia Argentina. Se mencionó, como señal positiva reciente, el proyecto de instalación de un frigorífico de capital español orientado a aprovechar el cupo porcino del acuerdo. Se remarcó que atraer más inversión europea exige resolver debilidades institucionales —en particular la percepción de inseguridad jurídica cuando los litigios deben resolverse fuera del país— y avanzar en acuerdos bilaterales de inversión y de doble imposición, hoy vigentes con muy pocos países.

El episodio permitió describir el estado actual del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y las condiciones que Paraguay necesita resolver para aprovecharlo plenamente. A partir del análisis de los cupos, las normativas ambientales unilaterales, la institucionalidad y las inversiones, se concluyó que el mayor desafío no es tanto la apertura comercial en sí, sino la capacidad del país de mejorar su productividad, su marco normativo y su coordinación dentro del propio Mercosur para transformar esa oportunidad en resultados concretos.