Paraguay, un caos institucional

Durante la década del 90 hubo una frase que fue muy repetida en los diversos círculos donde se pensaba el desarrollo de los países, esa frase era: «Las instituciones importan».

La misma se escuchaba en todos los organismos internacionales que tienen su sede en Washington –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID– y por ese motivo se la encontró posteriormente en todas las “recetas” que provinieron del famoso Consenso de Washington.

Ya esa frase se encontraba en las obras del influyente Premio Nobel de Economía, el norteamericano Douglass North, en las cuales se enfatizaba que los cambios institucionales eran mucho más importantes que los tecnológicos para explicar el desarrollo económico de los países. La palabra “institución” es “polisémica”, es decir, tiene varios significados y por eso es conveniente aclarar esos significados para quienes piensan el desarrollo.

El primer significado es el de ser reglas, normas, que ordenan las relaciones entre las personas de una sociedad. Estas reglas son la Constitución, las leyes y los decretos.

El segundo significado es el de ser organizaciones, como es el Poder Legislativo, responsable de promulgar las normas; el Poder Ejecutivo, responsable de que se respeten las mismas, y el Poder Judicial, responsable de castigar a aquellos que las han violado.

Hay un problema institucional en un país cuando las normas se promulgan sin buscar el bien común, cuando los ciudadanos no las respetan o cuando no se castiga a quienes las violan.

Viendo lo que ocurre diariamente en el Paraguay y en las últimas semanas, específicamente con el problema del combustible, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que en nuestro país estamos viviendo en un verdadero caos institucional, por el no funcionamiento de nuestras instituciones.

Los camioneros bloquearon las rutas violando el artículo 41 de la Constitución que garantiza el derecho de las personas a transitar libremente por todo el territorio nacional y el Poder Ejecutivo no hizo nada.

El Congreso, cediendo al chantaje de los camioneros, sancionó una ley de combustibles donde se subsidia a Petropar, violando la Constitución en su artículo 107, donde se garantiza la libre competencia y se prohíbe la baja artificial de precios.

Esta ley inconstitucional no solamente no fue vetada, sino fue promulgada en 24 horas por el Poder Ejecutivo y la misma tampoco fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial… realmente un caos institucional.

Volviendo al inicio de este artículo, recordemos que los estudiosos del desarrollo le dan una enorme importancia a la calidad y a la estabilidad institucional; es decir, a las normas.

Estas normas, además de ordenar la relación entre las personas, pueden generar incentivos o desincentivos para que los actores privados nacionales o extranjeros realicen las inversiones que son la principal palanca para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Recordemos que la inversión es una apuesta al futuro, es poner dinero en el presente confiando en recuperarlo con ganancias en el futuro. Para generar esa confianza es fundamental que las reglas del juego no se modifiquen permanentemente y, sobre todo, radicalmente.

Los países del mundo hoy se dividen entre los que atraen inversiones y los que repelen las inversiones, consecuentemente entre países que crecen y se desarrollan y países que se estancan y se empobrecen. Lamentablemente gran parte de los países de Latinoamérica se encuentran en este segundo grupo.

Si queremos el desarrollo de nuestro país tenemos que hacer cambios profundos en el funcionamiento de los tres poderes del Estado, para lo cual no se requiere la promulgación de nuevas leyes, sino el sometimiento irrestricto de ellos a lo que les exige la Constitución.

De seguir como hasta ahora nuestro futuro será el caos y la pobreza; si cambiamos, podemos aspirar al orden y al desarrollo.

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