Jubilaciones injustas

El sistema de jubilaciones de nuestro país necesita reformas muy profundas por distintas razones. En varios artículos anteriores he presentado propuestas de reformas con distintos enfoques. En este quiero referirme a los principales problemas, principalmente relacionados a la equidad intra e intergeneracionales.

Primero, los regímenes de reparto y de beneficios definidos sobre los cuales se basa nuestro sistema tienen subsidios implícitos altamente regresivos, injustos e inequitativos. Esto se debe a la baja vinculación entre los aportes realizados (tasas de descuento y años de aportes) y los beneficios de jubilación recibidos (edad de jubilación y el porcentaje del salario que se percibe como beneficio) que hace que los fondos aportados por cada trabajador durante sus años de vida laboral alcance para cubrir solo una parte pequeña de todos los ingresos que percibe durante sus años de jubilado. Este déficit entre aportes realizados y jubilaciones recibidas, que constituye un subsidio, es mayor en aquellas jubilaciones de mayor monto. Por otro lado, cuando el sistema llega a su punto de maduración, los recursos no son suficientes para pagar las jubilaciones de ese momento y los costos de los ajustes necesarios recaen en las generaciones futuras de jubilados.

Segundo, la Caja Fiscal de funcionarios públicos ya está en su etapa de maduración y opera con déficit financiero cada mes. La actual directora informó recientemente que al cierre del año 2020, el déficit alcanzó los USD 150 millones. El desequilibrio del sector docente fue cubierto por los demás sectores superavitarios de la caja y el del sector de las fuerzas públicas fue cubierto con recursos tributarios. Además, a este ritmo, las reservas alcanzarían solo hasta el año 2027. En este caso, lo correcto es realizar ajustes para equilibrar el flujo de caja con un aumento de la tasa de aportes, modificar las condiciones de acceso a la jubilación y pagar las jubilaciones a prorrata o fijar un monto tope de las mismas en base a los ingresos recaudados efectivamente, pero los parlamentarios decidieron que el déficit sea cubierto con recursos tributarios. El IPS y las demás cajas tienen el mismo destino. Dicho de otra manera, el 70% de trabajadores que no tienen cobertura y los demás contribuyentes en general están financiando con sus impuestos una parte de las jubilaciones de los funcionarios públicos, lo cual es altamente injusto.

Tercero, existen grandes diferencias en las condiciones y requisitos de jubilación dentro de la Caja Fiscal, entre las distintas cajas y el IPS. Como ejemplo, en la Caja Fiscal, los docentes pueden jubilarse con 25 años de aporte con el 83% del salario, sin importar la edad; los médicos a los 55 años de edad y 25 años de aporte con el 90% del salario; los otros sectores pueden jubilarse recién a los 62 años de edad y con 25 años de aporte pueden percibir el 60,5% del salario; y, en el IPS la jubilación ordinaria es a los 60 años de edad y 25 años de aporte con el 100% del salario. Estas diferencias generan grandes inequidades entre trabajadores dentro del sector público y entre empleados públicos y trabajadores del sector privado, sin justificación alguna.

Cuarto, el sistema actual es un privilegio de pocos. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estima que la ocupación informal en los sectores económicos no agropecuarios alcanzó a más del 65% de la población ocupada en el año 2020. Esto significa que como máximo entre el IPS, la Caja Fiscal y las demás Cajas alcanzan a cubrir apenas un tercio de los trabajadores del país. Si se considera al sector agropecuario y a los cuentapropistas con RUC como informales, la cobertura es aún más baja. Esto es injusto.

Necesitamos una reforma seria que resuelva estos problemas estructurales. Se debe regular la inversión de los fondos jubilatorios; crear una Superintendencia que controle a las cajas; universalizar la cobertura a todos los trabajadores; eliminar las inequidades unificando aportes y condiciones de jubilación; vincular más estrechamente los aportes y los beneficios para mejorar la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema; etc. Todo esto requiere sinceridad y un alto grado de compromiso intersectorial y político para alcanzar consensos, aprobar las leyes necesarias e implementarlos de manera efectiva.

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