Gasto público y bienestar

Recientemente la oficina local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo público un análisis de la evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de nuestro país en las dos primeras décadas del siglo XXI.

El índice busca resumir los avances en términos de bienestar de la población considerando indicadores de salud (esperanza de vida al nacer), educación (años de escolaridad observados y esperados) y el nivel de ingreso per cápita de la población. El IDH de Paraguay se incrementó en un 12% entre el 2001 y el 2020 pasando de 66 a 74. Entre sus componentes, la esperanza de vida al nacer aumentó en 6,5%; los años promedio y esperados de escolaridad se incrementaron en 39% y 13,5% respectivamente. Finalmente, el ingreso per cápita en términos reales experimentó una variación positiva del 20% en el periodo considerado. A pesar de su evolución positiva, los niveles de estos indicadores siguen siendo bajos: la esperanza de vida al nacer está en 74,7 años; los años de escolaridad en 9,2 años y el ingreso per cápita nominal es de alrededor de USD 5.500 anuales.

En paralelo, el Observatorio del Gasto Público de la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende) expuso la evolución que ha tenido la estructura gubernamental así como el nivel y la distribución del gasto público en los últimos 20 años, un periodo en que la economía creció por impulso de los commodities y las buenas políticas macroeconómicas que permitieron mayores oportunidades de empleo, un incremento en el ingreso per cápita, una reducción importante de los niveles de pobreza e indigencia y se incrementaron sustancialmente los ingresos fiscales que los sucesivos gobiernos usaron para financiar un creciente gasto público para ampliar los servicios a la ciudadanía.

Los informes del Observatorio muestran que el número de entidades de la administración central del Estado en el presupuesto general de gastos pasó de 21 en el año 2003 a 32 en el 2023 y el gasto total de la administración central con relación al PIB se incrementó en cuatro puntos porcentuales, pasando del 13% al 17%. El gasto público en términos reales (esto es descontado el efecto de la inflación) se multiplicó por casi 3 veces en este periodo; el gasto en términos reales del Ministerio de Salud se multiplicó por más de 4 veces, pero el del Ministerio de Educación lo hizo en apenas 1,8 veces. Estos indicadores muestran un incremento sustancial del gasto público y en la estructura gubernamental.

Hay una estrecha relación entre las informaciones diseminadas por ambas instituciones. Los tres componentes del IDH son impactados directamente por las políticas públicas. La esperanza de vida al nacer debería reflejar, entre otros factores, el acceso a la salud por parte de la población que le permite extender sus años de vida y los años de escolaridad dependen del acceso a la educación, ambos servicios públicos proveídos por el Estado. El gasto público en educación se incrementó solo moderadamente en el periodo, pero los años de escolaridad efectivos y esperados avanzaron de manera importante. Sin embargo, el gasto en salud pública tuvo un fuerte crecimiento, pero la esperanza de vida al nacer aumentó marginalmente. El crecimiento del ingreso per cápita, que depende del dinamismo de la economía, de la productividad, de los niveles de inversión, etc., tuvo un desempeño moderado a pesar de que fueron impactados positivamente por políticas económicas más predecibles en este periodo.

Es una buena noticia que hayamos avanzado en desarrollo humano, pero, si bien la escala del PNUD nos ubica entre los países con alto nivel de desarrollo humano, las condiciones de vida de las familias paraguayas siguen siendo precarias y altamente vulnerables. La calidad de los servicios públicos, tanto de salud y educación, son muy bajos como para acelerar el avance en el bienestar de nuestra gente. A esto responde nuestra insistencia en Dende de poner foco en la transparencia y en la creación de reglas claras para una administración eficiente de los recursos públicos, de tal manera a mejorar la priorización en la asignación de los mismos para que redunden en una continua mejora en la calidad de los servicios para la gente, al menor costo posible.

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