Despilfarro municipal

La mala utilización de los recursos de la Municipalidad de Asunción es una réplica en menor escala de lo que viene ocurriendo por décadas en el Gobierno Central, aunque esta similitud no nos debiera sorprender porque la gestión política e institucional responde a la misma cultura y a objetivos similares. Esta semana, a menos de un mes de las elecciones municipales, el Gobierno municipal buscó aprobar en circunstancias poco claras una ampliación presupuestaria por más de G. 7.000 millones para aumentos de salarios a funcionarios. ¿Esta es la prioridad para utilizar los escasos recursos de la Municipalidad en este momento? La respuesta rotundamente es ¡¡¡NO!!!

Los ciudadanos de Asunción debemos focalizar nuestra atención en la administración municipal porque gran parte de los servicios públicos que afectan nuestra calidad de vida diaria dependen de las prioridades y de las decisiones que toman el intendente y los concejales en la asignación de los recursos que aportamos a través del impuesto inmobiliario, las distintas tasas municipales como la que se aplica a las autorizaciones de construcción, patente de automóviles, patente comercial, recolección y disposición de basura y muchas otras.

Algunos números para tener presentes y que ayudan a entender los resultados de décadas de mala gestión municipal. Según los datos de ejecución presupuestaria del 2020, año de pandemia que afectó la recaudación, pero no a los gastos rígidos, los ingresos efectivamente recaudados por la Municipalidad ascendieron a aproximadamente G. 700.000 millones. De este total, el 26% corresponden al impuesto inmobiliario; un 10% proviene de la patente comercial; un 15% de la tasa por recolección y disposición de residuos; un 4% por royalties; y el resto proviene de otras tasas y fuentes de ingresos. Es difícil evaluar la eficiencia en la recaudación por carecer de información suficiente. Probablemente en un año normal sean un poco superiores, pero con este nivel de ingresos aproximados cuenta la Municipalidad para la prestación de servicios a sus ciudadanos.

Sin embargo, al observar el destino de estos recursos encontramos una situación calamitosa. Los gastos corrientes suman G. 827.000 millones. O sea, los ingresos municipales, incluidos los royalties, no alcanzan para sufragar los gastos corrientes del Municipio. Además, casi el 90% de los ingresos van solo para pagar servicios personales, 8% va para servicios no personales y se acabó la plata. El déficit superó los G. 215.000 millones en el 2020 y el ritmo de endeudamiento es insostenible, una bomba de tiempo. A diciembre del 2020, la deuda financiera superó los G. 500.000 millones y los pagos de intereses están aumentando aceleradamente. Con estos números: ¿la prioridad más importante para el Gobierno municipal es una ampliación presupuestaria para aumentos salariales? ¿Se está endeudando la Municipalidad para pagar salarios? Es inexplicable que prioricen coyunturas electorales descuidando absolutamente la situación financiera del Municipio y las necesidades de inversión en infraestructura de la ciudad. ¿Y el desagüe pluvial que afecta sustancialmente la calidad de vida de los asuncenos? ¿Y el mejoramiento, mantenimiento y limpieza oportuna de calles, veredas, parques y plazas de todos los barrios para cuyo cometido pagamos tasas específicas? No, la prioridad son los salarios de los funcionarios cuya cantidad excede por lejos lo requerido para administrar la ciudad y prestar los servicios de manera eficiente.

Parte importante de la responsabilidad por el histórico desmanejo del Municipio la tenemos los propios ciudadanos de Asunción, porque no damos un mandato claro sobre las prioridades y tampoco prestamos atención a la gestión municipal. El próximo Gobierno municipal tendrá que ordenar las finanzas, reestructurar la administración, parar el endeudamiento para evitar un default a corto plazo y reasignar recursos para realizar las inversiones que necesita la ciudad. Por otro lado, tiene que transparentar la administración, publicar la lista de funcionarios, sus funciones y remuneraciones y solicitar que la Contraloría General de la República audite anualmente la gestión.

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