Los desafíos de un presupuesto más realista. Sincera obligaciones pero revela un déficit que se financia con más deuda

El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 promete transparentar deudas que se venían ocultando, pero al mismo tiempo confirma un nivel de estrés fiscal cada vez más difícil de sostener. ¿Alcanza con sincerar las cuentas si el déficit sigue en aumento? ¿Qué margen le queda al Estado paraguayo para financiar sus programas sociales sin recurrir a más deuda? ¿Está el país preparado para el ajuste que tarde o temprano deberá enfrentar?

En este episodio de Plaza Pública, conducido por Yan Speranza, César Barreto —economista y exministro de Hacienda— y Jorge Garicoche —economista y director de la consultora MENTU— analizaron el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 presentado al Congreso, sus principales riesgos fiscales y los desafíos estructurales de las finanzas públicas paraguayas.

El sinceramiento de una deuda con proveedores que no figuraba en las cuentas

Durante el programa se explicó que gran parte de los recursos adicionales del presupuesto 2027 se destinan a regularizar una deuda con proveedores —principalmente del Ministerio de Salud Pública— que no se registraba en los planes de caja de los años anteriores, porque el presupuesto vigente no permitía contabilizar esas compras y obras ya ejecutadas. Se cuestionó incluso la legalidad de haber comprometido gasto por encima de lo presupuestado, y se pidió que la Contraloría General de la República aclarara el marco legal que habilitó esa situación, calificada como un antecedente inusual respecto a la gestión fiscal previa.

Setecientos setenta millones de dólares para medicamentos, financiados con deuda

Se detalló que la compra de medicamentos e insumos ya venía ejecutándose en el orden de los 750 millones de dólares anuales en los últimos dos años sin estar debidamente presupuestada, lo que fue generando la deuda hoy reconocida. Para 2027 el presupuesto asigna 770 millones de dólares a la compra de medicamentos —por encima de esa deuda ya reconocida— aunque se advirtió que ese monto podría resultar insuficiente ante la habilitación de nuevos hospitales en los próximos meses. Se remarcó, además, que el Ministerio de Economía decidió financiar el 100% de esa compra con deuda pública, algo que ninguno de los participantes consideró compatible con el espíritu de la Ley de Administración Financiera del Estado, que reserva el endeudamiento para gastos de capital y no para gastos corrientes.

Un déficit que casi duplica la meta fiscal original

Se indicó que el país se había propuesto llegar a un déficit de 1,5% del PIB en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero que el proyecto de presupuesto 2027 proyecta un déficit de 3,9%, prácticamente el doble. Se coincidió en que ese sinceramiento tiene un lado positivo —reconocer la situación real de las cuentas públicas después de años de manejo poco transparente— pero también uno negativo: implica mayor endeudamiento en un momento en que la economía todavía crece de manera favorable, cuando debería aprovecharse para acercarse al equilibrio fiscal.

El subsidio al transporte y las obras APP, otra vez con deuda

También se cuestionó que el subsidio al transporte público, de unos 80 millones de dólares, vuelva a financiarse con deuda en lugar de con recursos propios, pese a que una autoridad económica anterior había señalado explícitamente que no correspondía cubrir un gasto corriente de esa manera. Se explicó, además, que en los contratos de Alianza Público-Privada (APP) para la construcción de rutas la proporción originalmente prevista era que el 60% del repago proviniera de los peajes y el 40% del Tesoro, pero que en la práctica esa relación se invirtió: hoy cerca del 80% del fondo que repaga a las constructoras proviene de nueva deuda pública y solo el 20% de los peajes efectivamente recaudados.

El riesgo de una estimación cambiaria optimista

Se cuestionó la proyección oficial de un valor promedio del dólar de 6.458 guaraníes para 2027, construida con un modelo de paridad de poder de compra a partir de un tipo de cambio de referencia que, según se argumentó, ya estaría desactualizado frente a una cotización actual cercana a los 6.000 guaraníes. Se estimó que esa diferencia podría representar más de 100 millones de dólares menos en ingresos aduaneros y otros rubros en moneda extranjera, dentro de una brecha total estimada en unos 400 millones de dólares entre las proyecciones oficiales de ingresos tributarios y las de consultoras privadas, atribuible también a supuestos más optimistas sobre crecimiento económico y eficiencia recaudatoria.

La inversión pública como la principal variable de ajuste

Se remarcó que, ante la rigidez del gasto corriente, el ajuste de las finanzas públicas está recayendo sobre todo en la inversión pública, que difícilmente supere el 1,5% del PIB en los próximos años, muy por debajo del promedio de 1,7%-1,8% registrado entre 2010 y 2019. Se advirtió que esa contracción sostenida en el tiempo terminará afectando la capacidad de crecimiento de la economía, en la medida en que empiecen a manifestarse cuellos de botella de infraestructura.

Reformas que no alcanzan a resolver el fondo del problema

Se analizó el caso de la reciente reforma jubilatoria, que fija una edad mínima de 53 años para acceder a la jubilación mientras habilita un régimen más exigente a futuro, pero que exceptúa a los docentes con más de 20 años de aporte, postergando su entrada en vigencia real varios años. Se sostuvo que, en la práctica, esa reforma no altera de manera significativa las proyecciones fiscales. Sobre los salarios docentes, se planteó que un aumento sin exigir mayor capacitación ni más horas de trabajo difícilmente mejore los resultados educativos, en referencia al 73% de maestros que no aprobó una evaluación reciente y al desempeño de Paraguay en las pruebas PISA.

Política industrial sin alineación presupuestaria

Se planteó que mejorar la calidad del gasto exige mirar institución por institución, más allá de estudios comparativos generales —como los del BID— sobre ineficiencia del gasto público. Se ejemplificó con la falta de coherencia entre los objetivos de política pública y el presupuesto asignado: un plan de atracción de inversiones para el sector forestal que convive con apenas un puñado de técnicos forestales disponibles, o el tratamiento desigual entre el régimen de materias primas para la industria y las exenciones fiscales al turismo aplicadas a productos como las bebidas alcohólicas. Se insistió en que cualquier decisión sobre impuestos o gasto debería estar ligada a un objetivo de política explícito, y no a la suma de demandas sectoriales resueltas de manera aislada.

Un 2027 político y el riesgo de subir impuestos sin ordenar el gasto

Hacia el cierre se coincidió en que 2027, por ser un año electoral, no será propicio para reformas estructurales, pero que el próximo gobierno —oficialista u opositor— deberá enfrentar de todos modos el problema de las finanzas públicas. Se advirtió sobre el riesgo de que, ante la presión de distintos sectores, se termine optando por subir impuestos sin antes ordenar el gasto, lo que no resolvería el problema de fondo. Se concluyó que la baja presión tributaria de Paraguay podría justificar en algún momento un aumento, pero solo si va acompañado de una reforma de la caja fiscal y de mejoras concretas en la calidad de los servicios públicos.

El episodio permitió describir un presupuesto 2027 que corrige distorsiones contables heredadas de años de manejo poco transparente, pero que al hacerlo expone un nivel de endeudamiento y de rigidez del gasto cada vez más difícil de sostener sin ajustes. Se concluyó que, mientras no exista una revisión seria de la calidad del gasto y una alineación real entre los objetivos de política pública y el presupuesto, la discusión seguirá resolviéndose con más deuda o, eventualmente, con mayores impuestos, en un contexto político que hace improbable cualquier reforma estructural antes de 2028.