Salario mínimo, productividad e informalidad

El análisis para el reajuste del salario mínimo, en el ámbito del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), está siendo particularmente conflictivo este año. La revisión anual con base en la variación del IPC está prevista en la Ley 5764/16. El reajuste o no debe ser decretado por el Poder Ejecutivo para regir a partir del 1 de julio próximo.

Si bien cada año se manifiestan discrepancias entre los representantes de los trabajadores, quienes demandan reajustes importantes para recuperar el poder adquisitivo de años anteriores –que en esta oportunidad sostienen que es del 20%–, y los representantes de los empleadores, quienes típicamente solicitan un reajuste igual a la tasa de inflación medida por el BCP en los últimos 12 meses, como está previsto en la Ley, al no existir acuerdo, la decisión final queda en manos del Poder Ejecutivo.

En las últimas dos décadas las autoridades han optado por ajustar el salario mínimo en base a la variación del IPC desde el último reajuste para evitar un empeoramiento de la situación del mercado laboral. Considerando las condiciones estructuralmente precarias de las relaciones laborales en nuestro país, esta parece haber sido y sigue siendo la decisión más razonable. Los indicadores son abrumadores.

El principal indicador de la precariedad laboral es el alto y persistente nivel de informalidad laboral observado históricamente hasta el día de hoy. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el año 2025 el empleo informal representó, en promedio, el 60% del total de la ocupación en nuestro país. Si se considera solo el segmento de trabajadores domésticos la tasa de informalidad llega incluso el 95%. Además, el segmento de trabajadores por cuenta propia (condición no deseada por la gran mayoría de ellos, pero es la opción de sobrevivencia) sigue representando el 26% del empleo total.

Por otro lado, los principales empleadores son empresas absolutamente precarias. El 73,5% de los trabajadores están empleados en microempresas de entre 1 y 10 trabajadores (incluye a los trabajadores por cuenta propia), con escaso capital y niveles de tecnología de muy baja productividad, lo cual limita la capacidad de remunerar a sus trabajadores e incluso de cumplir con las demás exigencias del código laboral vigente. Si observamos los datos de productividad laboral media de los distintos sectores económicos y su relación con el salario mínimo vigente, encontramos que para los sectores que concentran el 56% del empleo nacional (sectores comerciales y de servicios), con casi 1.800.000 trabajadores, el salario mínimo representa alrededor del 75% de la productividad laboral y equivale al 100% de la remuneración promedio. Precisamente, en estos sectores también prevalecen las micro y pequeñas empresas, y se observan los más altos niveles de informalidad e incumplimiento del salario mínimo y de otras regulaciones laborales. Sin embargo, en sectores de alta formalidad, como los industriales o financieros, la relación entre salario mínimo y productividad laboral es inferior al 25% y hay una gran mayoría de empresas medianas y grandes.

En consecuencia, más del 36% de los trabajadores asalariados no agropecuarios (665.000 personas) no alcanzan siquiera a percibir aún una remuneración mensual equivalente al salario mínimo legal vigente.

Estos indicadores de la economía y del mercado laboral requieren atención de la sociedad y prudencia de parte de las autoridades en la toma de decisiones. Las micro y pequeñas empresas, las grandes empleadoras del país, que se dedican al comercio minorista y a la prestación de servicios, no tienen la productividad suficiente para cumplir con el salario mínimo actual. Por muchos años aún, lo único razonable será reajustar el salario mínimo solo en la variación del IPC de los últimos 12 meses para mantener, por lo menos, el poder adquisitivo más reciente. Para mejorar los salarios, la prioridad absoluta es implementar políticas públicas para aumentar la productividad de las MiPEs y programas focalizados de capacitación laboral. Lastimosamente, no hay soluciones mágicas por leyes o decretos.