Desde el desarrollo: Caja Fiscal

El Congreso Nacional modificó sustancialmente el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal que fuera presentado por el Poder Ejecutivo a fines del año pasado. Si bien en un confuso mensaje de promulgación, el presidente Peña celebra la aprobación puntualizando que dará sostenibilidad al sistema y mejorará las cuentas fiscales, la ley promulgada apenas introduce cambios mínimos y no modifica las grandes distorsiones en los parámetros del régimen de jubilaciones de los funcionarios públicos, en particular el de los maestros. Las propias estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que la ley reducirá solo mínimamente el déficit de la Caja Fiscal.

Con la ley, los maestros se podrán jubilar a los 53 años de edad, con el 78% del promedio de los últimos cinco años de salarios mensuales, si completa 25 años de aporte. Si esperan hasta los 58 años y con 30 años de aporte, lo pueden hacer con el 90%. Sin embargo, los que ya hayan acumulado 20 años de aporte podrán optar por el régimen anterior; esto implica que la vigencia plena será recién a partir del año 2031. En el caso de policías y militares, la edad mínima se fijó en 55 años y con 25 años de aporte pueden jubilarse con el 75% del promedio de los últimos cinco años de salarios mensuales. Si esperan hasta los 60 años de edad y con 30 años de aporte, lo pueden hacer con el 90%.

Por otro lado, se mantiene la tasa de aporte del 16% para los afiliados y se incorpora un aporte patronal obligatorio del Estado del 10%, ambos sobre el total de remuneraciones imponibles del afiliado. Si luego de estos aportes, algún sector presenta déficit, los afiliados de ese sector deberán aportar un 3% adicional a partir del siguiente ejercicio.

Como aporte patronal del Estado serán computadas las transferencias efectuadas para cubrir a los sectores deficitarios de la caja, el pago de aguinaldo y también el pago del seguro médico privado de los funcionarios. Si el déficit persiste, el Estado seguirá proveyendo los fondos para su cobertura. O sea, el aporte patronal no está limitado al 10%. Es un aporte mínimo que será incrementado continuamente en los próximos años.

El cambio más relevante es la introducción de una edad mínima de jubilación para los maestros, policías y militares. Pero las edades mínimas fijadas en 53 años para los maestros y en 55 para policías y militares, son muy bajas. De hecho, la edad promedio de jubilación en el 2024 de estos sectores fue de 52 años. Según datos actualizados del INE, la esperanza de vida restante para un hombre de 53 años de edad es de 25 años, y de 29 años para una mujer. Esta es la cantidad de años que en promedio estarán jubilados estos sectores de la caja fiscal. Casi la misma cantidad de años de aportes que de jubilación, lo que llevará gradualmente a una relación de 1 a 1 entre el número de aportantes y de jubilados, pero con una relación de 3 a 1 entre beneficios pagados y aportes cobrados, dadas las tasas de sustitución y de aporte actuales. O sea, una tendencia de déficit crónico.

Por lo tanto, el efecto práctico de la edad mínima fijada es insignificante y absolutamente insuficiente para afectar positivamente la sostenibilidad financiera. El sistema requiere una tasa de sustitución mucho más baja, dada la tasa de aporte, para alcanzar un equilibrio. Para mantener la tasa de sustitución, las proyecciones del MEF indican que la tasa de aporte deberá alcanzar el 80% a largo plazo. Por lo tanto, el déficit seguirá creciendo, y en consecuencia “la tasa de aporte patronal del Estado”, que empieza en 10%, pero irá convergiendo al 60% en los próximos años, requiriendo crecientes recursos tributarios.

El sistema de jubilaciones de los funcionarios públicos seguirá siendo absolutamente inequitativo, tanto internamente entre los distintos sectores como frente a los trabajadores del sector privado. Ni que decir ante el 75% del total de trabajadores, que son informales y carecen de una cobertura previsional. Además, el déficit de la caja fiscal seguirá creciendo aceleradamente e imposibilitará el cumplimiento del tope de déficit fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El MEF y la DNIT anunciaron ajustes tributarios que aumentarán la tasa efectiva de impuestos. La carga recaerá en los contribuyentes. Como en tantas ocasiones, muchos parlamentarios no estuvieron a la altura de las circunstancias.