Sin margen fiscal

La política fiscal está entrando en la última etapa de normalización según el plan definido por el Gobierno para reducir el déficit fiscal en el 2026 al tope del 1,5% del PIB, fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que el MEF viene cumpliendo puntillosamente. Esto es fundamental para estabilizar el actual nivel de endeudamiento del Estado, que aún representa un buen nivel de solvencia, y para recuperar un margen de endeudamiento para enfrentar choques internos o externos que afecten a la economía. Sin embargo, en el proceso se explicita cada vez más la estrechez en la disponibilidad de recursos para enfrentar las múltiples necesidades que tiene el Estado para cumplir con sus responsabilidades básicas para promover el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.

Al reducirse el monto de recursos de endeudamiento que pueden ser utilizados, también lo debe hacer la inversión pública o aumentar el ahorro para sostenerla. Sin embargo, todos los servicios públicos básicos como la infraestructura de transporte y logística, la salud, la educación o la seguridad ciudadana tienen severos problemas de acceso, cobertura y ni que decir de calidad, que terminan afectando negativamente el bienestar y la capacidad de generación de ingresos de los ciudadanos así como la competitividad de la producción y la economía nacional.

El Gobierno actual ha tomado decisiones necesarias, pero de alto impacto en las finanzas públicas, como la universalización de la alimentación escolar y su financiamiento con el 80% de los ingresos por compensación por cesión de energía de Itaipú al Brasil; incrementos en las remuneraciones de los docentes; la universalización de la pensión mínima; la utilización de fondos del presupuesto de Itaipú Binacional para inversiones en infraestructura; etc. Sin embargo, las decisiones relativas a los gastos corrientes son de carácter permanente, pero, el financiamiento de la alimentación escolar es transitorio porque la energía excedente de Itaipú tiende a terminar y la calidad de la enseñanza no está garantizada porque no hay una exigencia clara de capacitación a los docentes; y el plan de inversiones de Itaipú termina en el 2026 según lo acordado con el Brasil. Según datos del MEF sobre ejecución presupuestaria a mayo de este año, el gasto en remuneraciones está creciendo al 8,4%, el pago de intereses de la deuda al 12%, el pago de jubilaciones de la caja fiscal sigue creciendo en más del 10% con un déficit galopante y otras prestaciones sociales en más del 18% respecto al mismo periodo del año 2024. Si bien se observa también un aumento del 36% en la inversión pública, ésta tendrá que desacelerarse fuertemente para reducir el déficit fiscal, del 2,6% del PIB que cerró en los últimos 12 meses a mayo, al 1.9% del PIB fijado en el Presupuesto. Con relación a los ingresos, con la creación de la DNIT mejoraron los controles y la normalización cambiaria argentina redujo el incentivo al contrabando, ambos factores generaron un aumento del 21% en los ingresos tributarios en el año 2024. Pero este año los ingresos están volviendo a alinearse con el crecimiento del PIB nominal con un aumento interanual del 9% a mayo, y la presión tributaria tiende a estabilizarse en torno al 11,5% del PIB. Todo esto presagia que los próximos años serán muy difíciles para las finanzas públicas y la capacidad de inversión pública será mínima. Se requieren correcciones fuertes para cambiar la tendencia, como la reforma de la caja fiscal, una contención mayor de los gastos salariales y no ampliar ni crear nuevos programas de subsidios o transferencias.

En este escenario se impone con mucho más fuerza la necesidad de austeridad y de uso racional y eficiente de los escasos recursos, asignándolos a programas que tengan el mayor impacto en el bienestar presente y futuro de los ciudadanos. Debemos priorizar, determinar las brechas de cobertura con una calidad aceptable para cada servicio y establecer un plan de ampliación y mejora de calidad a corto, mediano y largo plazo que sea compatible con los recursos que se estima estarán disponibles en el marco de los límites prudenciales definidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal y ejecutarlo disciplinadamente año a año. No hay atajos ni margen para la improvisación.