El proyecto de ley parece ser un llamado del presidente de la República para debatir y alcanzar un acuerdo político amplio sobre la importancia de no desordenar la economía en periodos electorales, empezando por el actual, porque tanto la situación económica como fiscal están muy frágiles. Sin embargo, hasta ahora, el proyecto ha tenido una tímida receptividad en el Congreso para no decir que fue ignorado, donde varios sectores ya presentaron iniciativas concretas de reajustes salariales y de reducción de impuestos, algunas de ellas incluso con media sanción. Es más, dentro del Poder Ejecutivo, algunas autoridades con aspiraciones electorales ya firmaron acuerdos con representantes sindicales de funcionarios públicos para el análisis de un reajuste salarial y de una política de desprecarización laboral para la incorporación como funcionarios permanentes a miles de contratados en distintas instituciones públicas.
Desde el sector privado, tenemos una legítima y clara preocupación sobre el electoralismo en las decisiones de política económica, porque en procesos electorales anteriores fueron aprobados sendos incrementos salariales y de otros gastos corrientes que impactaron significativamente en las cuentas fiscales en los siguientes años. En esta oportunidad, ya siquiera existe algún margen fiscal para solventar cualquier aumento de gastos o reducción de impuestos, porque el déficit fiscal del año pasado fue del 3,7% del PIB y este año excedería el 3%; muy superiores al límite del 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo financiamiento genera un acelerado ritmo de endeudamiento externo del país. Un desorden adicional en las finanzas públicas en estas condiciones, nos puede llevar hacia un persistente desequilibrio fiscal y perder la estabilidad macroeconómica que con mucho esfuerzo se logró recuperar a partir del 2004.
Por otro lado, la situación geopolítica y económica internacional, con una guerra entre Rusia y Ucrania, el distanciamiento cada vez mayor entre EEUU y China, el resurgimiento de la inflación a nivel internacional y los fuertes ajustes monetarios en marcha; sumada a las condiciones climáticas cada vez más erráticas, obligan a los líderes y autoridades políticas del país quienes tienen la responsabilidad de actuar con la máxima prudencia y tomar decisiones sensatas y razonables. Decisiones equivocadas en este contexto tendrían severas consecuencias en la estabilidad económica del país minando la capacidad de desarrollo y de mayor bienestar para nuestro pueblo en los próximos años.
Por lo tanto, el proyecto de ley enviado por el presidente merece alguna consideración por los parlamentarios. De hecho, las reformas prioritarias están relacionadas con la recuperación del equilibrio fiscal y el reordenamiento del Estado para mejorar la calidad del gasto público. Por ello, hay proyectos en estudio en el Congreso, como la modificación a la ley de responsabilidad fiscal, la nueva ley de contrataciones públicas y la nueva ley del servicio civil. Hay otros que a pesar de su urgencia aún no fueron presentados, como la reforma del sistema de jubilaciones, en especial de la quebrada Caja Fiscal, que está absorbiendo cada vez más recursos tributarios para cubrir su déficit. La misma urgencia tienen las reformas para mejorar la calidad de los servicios de salud, educación, seguridad ciudadana, etc., sectores que requieren acordar políticas de Estado, e implementarlas de manera ordenada, gradual y sostenible en el tiempo. Estas elecciones tienen que servir para discutir propuestas sobre estos temas fundamentales para la nación.
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