Ingreso promedio de empleados públicos es 45,5% superior al de trabajadores del Sector Privado

ES IMPORTANTE GENERAR MEDIDAS QUE BENEFICIEN Y PROMUEVAN LA FORMALIDAD Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN AMBOS SECTORES

El sector público y privado del Paraguay aún cuenta con varios desafíos por resolver. Entre los temas más importantes se menciona la informalidad laboral, atendiendo que el país registró un nivel de 63% entre la población ocupada para el año 2022. Esta cifra preocupa de gran manera considerando que la informalidad afecta a los sectores más vulnerables y además reduce los ingresos fiscales del país.

En esta última entrega de la serie del análisis de la estructura del servicio público en el Paraguay, el Observatorio del Gasto Público de Desarrollo en Democracia (DENDE) presenta una comparación de la situación laboral actual del sector público con el sector privado.

En el informe se dan a conocer los principales resultados del contexto laboral público y privado, considerando los indicadores de remuneración, formación de los trabajadores, estabilidad en el puesto de trabajo, e informalidad de manera a contar con una perspectiva más completa de las mismas. En lo que
respecta a los ingresos promedios, los mismos alcanzaron en el 2022 un total de ₲4.120.000 en el Sector Público frente a ₲2.831.000 de los empleados del Sector Privado, lo que da una diferencia de 45,5% a favor de los trabajadores estatales.

1.Ingresos promedios

Se procedió a realizar una comparación de los ingresos promedio de los años 2012 al 2022, en donde debemos resaltar que los datos analizados de los empleados/obreros públicos pertenecen a la totalidad del Sector Público (Administración Central, Entes Descentralizados y Municipalidades).

Los resultados de la comparación del promedio de ingreso mensual de los años 2012 y 2022 para las categorías ocupacionales se pueden apreciar en el siguiente gráfico:

En función al gráfico precedente, se notan marcadas diferencias en los montos percibidos entre las categorías ocupacionales, en donde el Empleado/Obrero Público tiene el nivel más alto y solo es superado por el Empleador/Patrón. Lo observado da muestra de la “discrecionalidad” en la asignación de las remuneraciones en al ámbito público siendo que los mismos no necesariamente responden a los criterios de idoneidad, eficiencia, eficacia, meritocracia, etc. sino que son el resultado de otros factores, en tanto que para el Sector Privado rige la Ley 213/93 del Código del Trabajo, así como la “cuasi-reciente” normativa de adecuación del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) en función a la inflación transcurrida
de los últimos 12 meses.

El Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) presentó en su informe más reciente¹, una comparación de la cantidad de asalariados quienes percibían un salario menor, igual o mayor al SMLV en el año 2022. De esta manera, se observó que el 18,8% de los asalariados percibió una remuneración igual al 95 o 110 por ciento del salario mínimo, el 39,4% recibió un monto superior al 110 por ciento del salario mínimo, mientras que el 41,8% de los asalariados recibió menos del
95 por ciento del SMLV.

Comparando los resultados entre los empleados públicos y privados que recibieron menos del 95 por ciento, se registró el 40,6% para los del sector privado, en tanto que este porcentaje en el Sector Público fue del 13,8%, para el año 2022. Un mayor detalle de los resultados para cada categoría de los asalariados se presenta a continuación en el siguiente gráfico:

2.Formación del Capital Humano

Para conocer la distribución respecto a la formación de los trabajadores, se utilizó la categorización del INE que agrupa a la población ocupada de personas de 15 años y más de edad según i) sus años de estudio; y, ii) sus categorías ocupacionales.

Los resultados de esta clasificación medidas en cantidades promediadas para los años 2012 al 2022 se presentan en la siguiente tabla:

En base al cuadro, el 77% de los empleados públicos cuenta con 13 a 18 años de estudio, mientras que todas las demás categorías ocupacionales registraron una mayor concentración entre los 7 a 12 años de educación recibidos.

3.Sectores Económicos por Ocupación Principal

Respecto al sector económico en el que los empleados se desempeñaron, se encontró que la mayoría estaba concentrada en el sector terciario o de prestación de servicio. La única excepción se dio en la categoría de “Trabajador Familiar no Remunerado”, donde el sector primario registró cerca del 65% de la cantidad total de la categoría.

La participación promedio de la población ocupada de personas de 15 años y más de edad según el sector económico en el que trabajaron, entre los años 2012 y 2022, se presenta en el siguiente gráfico:

4.Estabilidad laboral

Para analizar el indicador de estabilidad o antigüedad en el puesto laboral, se encontró que la mayoría de los empleados de todas las categorías ocupacionales llevan trabajando en el mismo establecimiento o empresa durante tres años o más. La distribución del promedio de los empleados, respecto al tiempo que llevaban desempeñándose en su lugar de trabajo entre los años 2012 al 2022, se presenta a continuación:

5.Formalidad en el empleo

Con relación a la formalidad e informalidad laboral, el INE afirma que para el año 2022, cerca del 63% del total de la población ocupada se encontraba en situación de informalidad. La definición de informalidad laboral para el INE incluye a aquellos empleados que no aportan a un sistema de jubilación o pensión y a aquellos empleadores o trabajadores por cuenta propia cuya empresa que no estén inscriptos en el Registro Único del Contribuyente (RUC) del Ministerio de Hacienda.

En la siguiente tabla, se presentan los resultados del nivel de ocupación informal de la población ocupada de 15 años y más de edad, para el año 2022:

Las principales categorías ocupacionales que registraron un mayor porcentaje de informalidad fueron las de “Trabajador no Remunerado”, “Trabajador Doméstico” y “Trabajador por cuenta propia” con el 100%, 98% y 76% aproximadamente de empleados que no cuentan con aportes a un sistema de pensiones y/o registros legales.

Estos resultados son bastante alarmantes, teniendo en cuenta que esta situación se viene repitiendo desde hace años y que acarrea consecuencias negativas tanto para los trabajadores, a los que impide el acceso a la seguridad social, a la atención médica y a una jubilación, como también al Estado, al que afecta disminuyendo los ingresos fiscales, que se deberían percibir en concepto de impuestos y otras obligaciones fiscales.