Un balance fiscal deslucido

La contención del gasto público fue clave para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, el ajuste estuvo desbalanceado. El presupuesto del Estado se reordenó hacia más gastos rígidos y menos inversiones, lo que podría ser costoso para el crecimiento económico.

Conviene recordar una frase de la ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath: “La política fiscal debe equilibrar el crecimiento, la equidad y la sostenibilidad”.

El 2025 cerró con un déficit fiscal del 2,0% del producto interno bruto (PIB), levemente por encima de lo comprometido. Este resultado se explica por una mejora del ahorro del Estado –denominado resultado operativo– y por la caída de la inversión.

El resultado operativo es la diferencia entre lo que recauda el Estado –principalmente impuestos– y lo que gasta para su funcionamiento y sus políticas (que incluyen salarios, compras, transferencias, intereses, jubilaciones, entre otros). Actualmente, se tiene un déficit operativo.

Cuando lo recaudado sube o el gasto baja, el resultado operativo mejora. La inversión se resta del resultado operativo (dado que es una erogación) para obtener el resultado fiscal total. Por eso, cuando la inversión cae, el déficit fiscal total disminuye.

En un artículo anterior sostuve que la baja del déficit –ajuste fiscal– se logró principalmente recortando inversiones, lo que se confirmó al cierre del ejercicio 2025.

La economía se interesa en las relaciones, en los efectos e incentivos, para lo cual su análisis se basa en comparaciones relativas. Entonces, las cifras fiscales se analizan en porcentaje del PIB, lo que permite valorar de manera justa el esfuerzo fiscal.

Los datos del 2025 muestran que el déficit fiscal se redujo en 0,5% del PIB con relación al ejercicio anterior. Al mismo tiempo, la inversión cayó 0,3% del PIB. Entonces, poco más del 60% de la reducción del déficit fiscal se explica por el recorte de la inversión (y cerca de 40% por la reducción del déficit operativo).

Vale recordar lo que significa un ajuste fiscal. Según el FMI, se trata de un conjunto de medidas deliberadas para reducir un déficit presupuestario y la deuda pública, con el objetivo de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Al respecto, hubo una baja importante de los gastos operativos, que sería transitoria, dado que se trata de los atrasos con los proveedores del Estado. Estas obligaciones seguramente se pagarán en el primer cuatrimestre del 2026.

Por su parte, los gastos rígidos –salarios, intereses y jubilaciones– se mantuvieron altos. Estos gastos, que son difíciles de reducir, representaron el 10% del PIB en el 2025, cuando hace unos años representaban el 9%. A esto se suman importantes obligaciones de gastos permanentes asumidas con recursos que son transitorios (Hambre Cero). El costo del ajuste recayó de forma desproporcionada sobre la inversión pública. Esto considerando que la inversión representa solo el 10% de todas las erogaciones y que el espacio perdido en este rubro tomará tiempo en recuperarse. Y si bien existen proyectos financiados por una de las binacionales, estos son recursos complementarios y, sobre todo, transitorios.

Más allá de una eventual discusión normativa y del efecto sobre la regla como factor de disciplina para los políticos, resulta llamativo que el déficit fiscal haya cerrado por encima del compromiso asumido en el plan de convergencia y aprobado en la Ley de Presupuesto, por un valor relativamente bajo del 0,1% del PIB, que parecía manejable para el Fisco.

De todas formas, las cifras confirman un avance hacia la meta de déficit fiscal del 1,5% del PIB, un resultado clave para fortalecer la credibilidad macroeconómica y la confianza de los inversores. Al mismo tiempo, también se confirma que el orden fiscal se logra con un ajuste inusualmente costoso en cuanto al recorte de las inversiones, un componente fundamental para el crecimiento a futuro. Se trata entonces de un ajuste con un balance deslucido.