Reforma empantanada

Luego de una aprobación acelerada en Diputados, el Senado le puso un frenazo al tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal presentado por el Poder Ejecutivo. Aunque fijó el próximo 25 de marzo para su tratamiento, la decisión descolocó a todos, en particular, a sus colegas diputados quienes asumieron un alto costo político con los funcionarios públicos al dar media sanción. En teoría, la postergación es para un mejor análisis y escuchar a las partes interesadas. Sin embargo, algunos senadores dejaron entrever que modificarán el proyecto de ley, relajando los parámetros aprobados.

Los funcionarios públicos representan apenas un 7% de la fuerza laboral del país. Del otro lado está el resto de la ciudadanía, trabajadores del sector privado, principales contribuyentes de los impuestos que están siendo utilizados para cubrir los crecientes déficits de la Caja Fiscal. Ellos están esperando que sus representantes en el Congreso tomen las decisiones que lleven a parar esta discrecional y mala utilización de los recursos tributarios. Para ello, se requiere fijar parámetros razonables para la jubilación de los funcionarios públicos, que lleven a una cobertura total de los beneficios recibidos por cada uno, una vez que se jubilen con los aportes realizados por ellos mismos durante sus años de trabajo como servidores públicos. Esto es lo correcto en una sociedad democrática que busca implementar políticas públicas equitativas y justas.

Según el estudio actuarial presentado por el MEF recientemente, el déficit actuarial de la caja (esto es el valor presente de los ingresos menos el valor presente de las jubilaciones y pensiones vitalicias a ser pagadas a los jubilados, pensionados y aportantes), a diciembre del 2023, era de USD 18.664 millones, un 43% del PIB de ese año, superior incluso a la deuda pública total del Estado. El déficit pagado con recursos tributarios fue de USD 380 millones en el 2025, aumentará a USD 430 millones este 2026 y alcanzaría USD 1.056 millones en el año 2031, multiplicándose por casi 3 veces en 6 años. Un crecimiento explosivo. Si el Congreso no aprobara el uso de recursos tributarios para cubrir ese déficit, se tendrían que recortar las jubilaciones en más del 50% este año y en un 75% en el año 2031 y los actuales aportantes no podrían jubilarse nunca porque ya no habría recursos.

La situación es crítica y las perspectivas sin reformas son peores. La responsabilidad del Estado y, por ende, de la sociedad en su conjunto, con respecto a la jubilación de sus funcionarios, es exactamente la misma que tiene con cualquier ciudadano trabajador de la República. Ni más ni menos. Esta igualdad está garantizada por la Constitución Nacional. Por ello, la utilización de ingentes recursos tributarios para subsidiar una Caja Fiscal quebrada cuyos parámetros de aporte y de acceso a la jubilación generan un subsidio superior al 80% de los beneficios recibidos una vez jubilado, es un enorme privilegio respecto al cualquier otro trabajador o ciudadano.

Es más, el 75% de la fuerza laboral del país está en la informalidad, fuera de cualquier programa de jubilación. Estos trabajadores informales podrán acceder a la edad de 65 años, a una pensión mínima universal equivalente al 25% del salario mínimo, financiado con recursos tributarios como un programa social del Estado. En todo caso, el subsidio para los jubilados de la Caja Fiscal debería ser equivalente a esta pensión mínima para mantener cierta equidad transversal. El reclamo de los funcionarios públicos de mantener estos beneficios carece de legitimidad; es absolutamente inequitativo frente al resto de la población trabajadora. Los parlamentarios deben tomar muy seriamente esta realidad al momento de tomar una decisión sobre la reforma de la Caja Fiscal.

El proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo, modificado por Diputados, no es suficiente para corregir completamente los graves desequilibrios, pero introduce cambios importantes como una edad mínima para la jubilación de 57 años, y fija tasas de sustitución más acordes con la esperanza de vida restante a esa edad, que aumentan la proporción de los beneficios recibidos financiada con aportes propios. Esto es una mejora importante respecto a la situación actual y es un paso en la dirección correcta.