Informalidad, salario mínimo y reglas laborales

Semanas atrás, el INE divulgó datos de la encuesta de hogares que indican que el empleo continuó creciendo a un ritmo importante. Una buena noticia. Sin embargo, divulgó otros que muestran que la tasa de informalidad en los sectores no agropecuarios se situó en un 63% del total, incrementándose marginalmente respecto al mismo periodo del año anterior. Esto evidencia que la altísima informalidad laboral también continúa, y que, por alguna razón, el modelo de generación de empleos se sigue reproduciendo cada período.
Esta informalidad no es inocua para las familias: Implica precariedad, inestabilidad, inseguridad y la exclusión de cobertura de riesgos de salud, accidentes y del régimen de jubilaciones que le permitirá mantener sus estándares de vida e independencia económica a la edad de retiro. Sin embargo, es necesario comprender con claridad las causas últimas que limitan la capacidad de las empresas de contratar trabajadores con todas las formalidades que requieren las distintas leyes que regulan la materia en nuestro país.

Mi hipótesis al respecto es que los costos laborales que implican el cumplimiento del salario mínimo y las cargas sociales correspondientes (aporte obrero-patronal, aguinaldo, vacaciones, costos de despido, etc.) son incompatibles con los niveles de productividad laboral del país. Esto es especialmente válido en los sectores comercial y de servicios, que son intensivos en personas en su producción, y donde prevalecen las micro, pequeñas y medianas empresas como organización, las cuales operan con poco capital y baja tecnología y, por ende, con menor productividad que sus competidores de mayor tamaño.

Existen indicadores relevantes para considerar. En el año 2024 la relación entre el salario mínimo y el PIB per cápita se situó en alrededor del 70% en nuestro país, uno de los más altos de América Latina. En los países con mayor formalidad laboral como Uruguay, Chile o Brasil, este indicador no supera el 35%. Por otro lado, utilizando datos del PIB sectorial del BCP y de empleo sectorial del INE se puede calcular la productividad laboral promedio por sector y compararlo con el costo laboral que representa el salario mínimo. Así, la relación entre el costo laboral mínimo y la productividad laboral media es superior al 70% en los sectores de comercio y servicios. En estos se concentra más del 50% del empleo total, predominan las mipymes y explican casi la totalidad de la alta informalidad laboral observada. Por el contrario, en el sector industrial y en los servicios de alta productividad como la generación y distribución de energía o los servicios financieros, la relación es de alrededor del 20%; en estos la tasa de informalidad es mínima.

Otras reglas laborales empeoran aún más esta realidad. Como aquellas que buscan promover relaciones laborales de largo plazo, pero terminan conspirando directamente contra ella y promueven lo contrario. Por ejemplo, la que garantiza la estabilidad especial, la doble indemnización, la ampliación del preaviso y de la duración de las vacaciones, a partir de los 10 años de trabajo ininterrumpido en una empresa. En respuesta, para mantener flexibilidad y minimizar riesgos de quiebra en ciclos económicos adversos, incluso las empresas más grandes aplican programas de renovación continua de la fuerza laboral, aunque implique mayores costos y pérdida de productividad en el corto plazo.

El Gobierno lanzó a inicios de año una estrategia de formalización del empleo con una ambiciosa meta de crecimiento del 6% anual de los aportantes a la seguridad social. Sin embargo, en paralelo, parlamentarios oficialistas impulsan un proyecto de modificación del mecanismo de reajuste del salario mínimo, incorporando nuevos parámetros que llevarán a reajustes anuales superiores a la inflación. Esto solo empeorará las condiciones para formalizar el empleo, perpetuándose en consecuencia la informalidad. Factores estructurales como la productividad no cambian solo por leyes con buenas intenciones. Requieren un acabado entendimiento de la realidad y políticas diseñadas en base a ese conocimiento. El Gobierno debe promover una discusión sincera de la realidad y buscar soluciones efectivas con los consensos más amplios posibles. Generar falsas expectativas será un grave error que retornará como un búmeran a mediano plazo.