Una decisión inoportuna que daña la imagen país

El cierre inmediato y total de una cadena de 263 minimercados, tras una rápida inspección de unos pocos locales, va mucho más allá de un problema empresarial: Golpea la imagen institucional del país y erosiona la confianza de empresarios e inversionistas.

Nadie ha discutido la necesidad de tener un Estado que proteja la salud de sus ciudadanos, que controle los productos que consumimos y que sancione a las empresas que no cumplen la ley. Lo que sí se discute y preocupa, en este caso, es la forma: Una decisión sorpresiva, sin oportunidad de descargo por el afectado y la sanción de la pena máxima, sin ningún tipo de gradualidad.

Tenemos que tener presente que la seguridad jurídica no se construye con decisiones drásticas y procedimientos aparatosos para las graderías como en este caso.

La seguridad jurídica se construye con instituciones independientes, que actúan con reglas claras, que fiscalizan con transparencia y que aplican sanciones justas, graduales y proporcionales a las faltas cometidas. Lo ocurrido le hace un daño profundo a la imagen institucional que proyecta el Paraguay, justamente en el punto más débil que tiene nuestro país en su calificación de riesgo, la calidad institucional.

Desde hace décadas nuestro país tiene un muy buen manejo macroeconómico, con inflación baja y con un déficit fiscal controlado, pero a pesar de eso ninguna Calificadora de Riesgo nos había otorgado el Grado de Inversión debido a nuestra muy mala calidad institucional.

Calidad Institucional significa tener un sistema político transparente y eficiente; tener un poder judicial independiente; y que los tres poderes del Estado actuando conjuntamente y sin corrupción, hagan posible el cumplimiento de la ley, de los contratos y la protección de los derechos de propiedad.

En este punto el Paraguay siempre estuvo aplazado y por ese motivo hasta hoy ni la Calificadora de Riesgo Fitch Ratings ni Standard & Poor’s nos han otorgado el Grado de Inversión.

La única, que, a pesar de este problema, nos ha otorgado en julio del año pasado el anhelado Grado de Inversión es Moody’s cuyos analistas están justamente ahora en nuestro país para revisar la nota para este año 2025.

El Gobierno de Peña no podría haber elegido un peor momento para cometer el error del abrupto cierre de la cadena de minimercados, que ha generado un amplio rechazo de gran parte de la sociedad civil y del empresariado.

Los medios de comunicación y las redes sociales se han llenado de solicitadas y críticas, no por el fondo de la cuestión sino por la forma en que se implementó la decisión. Y los analistas de Moody’s que están en nuestro país están observando todo lo ocurrido.

En esta semana en que el gobierno de Peña está cumpliendo dos años de gestión –casi la mitad de su mandato– es el momento ideal para hacer una profunda evaluación del camino recorrido y hacer las correcciones que le permitan mejorar la gestión en el camino que aún le queda por recorrer.

Recordemos que Peña fue electo con el 42,74% de los votos, consecuentemente había un 57,26% de personas que no lo votaron. Teniendo clara esta situación en su discurso de toma de posesión envió un mensaje conciliatorio diciendo “A los que me han elegido, a los que han elegido una opción diferente y a mis contendores ocasionales, les digo que cuento con cada uno de ustedes para contribuir en la construcción de consensos para el bien común”.

Sin embargo, a lo largo de estos dos años, se fue alejando de tales consensos para el bien común, se ha ido enfrentando con numerosos sectores, y se fue apoyando y refugiándose cada vez más en un solo sector de su partido.

La gran virtud de Peña durante la campaña electoral había sido su habilidad para evitar pelearse con sus adversarios y el gran error en su gestión presidencial es el “comprar” cada vez más, diferentes e inoportunas peleas.