Racionalizar las empresas públicas

Si bien los distintos gobiernos de las últimas dos décadas han logrado mantener un relativo orden en las finanzas de la Administración central del Estado, esto no se replicó en las empresas públicas. No se evaluó la necesidad de la presencia del Estado en los sectores en los cuales participan ni tampoco se han establecido lineamientos claros de gestión en términos de objetivos, eficiencia, de resultados financieros ni reglas para fijar precios y tarifas; y los esquemas de evaluación, supervisión y control no fueron efectivos.

Como resultado, cada empresa se maneja aisladamente, sujeta a influencias externas en su gestión que hacen primar los criterios políticos y no los técnicos o empresariales en las decisiones más críticas, como la fijación del precio de sus productos o servicios o la priorización de los proyectos o la contratación de proveedores críticos. La suma de malas decisiones finalmente termina en pérdidas financieras, acumulando deuda cuya corrección requerirá de grandes ajustes tarifarios en el futuro y/o la utilización de recursos tributarios para su pago, además del deterioro en la calidad de los servicios.
Por ejemplo, Petropar es una empresa pública importadora y distribuidora de combustibles, un sector donde no se justifica la presencia de una empresa estatal. No obstante, ha ampliado su operación en los últimos años con el argumento de que es necesaria la participación estatal como regulador de precios del mercado. Sin embargo, este rol regulador le ha significado a la empresa fijar precios, con criterios políticos, inferiores al costo total de operación, generándole importantes pérdidas. Según sus estados financieros, ha tenido pérdidas de G. 100.000 millones en el año 2022, de G. 153.000 millones en el 2023 y de G. 248.000 millones en el 2024, y, a pesar de estas pérdidas, ha transferido anticipos de dividendos al Tesoro, lo cual deterioró aún más su patrimonio y redujo sustancialmente sus disponibilidades. Además, no olvidemos que hay una deuda con PDVSA por unos USD 330 millones resultado de la fijación de precios con criterios políticos en el pasado. En la práctica, esto implica un subsidio general de características regresivas que las autoridades debieran corregir lo antes posible y definir una política de precios que le permita ser autosustentable, cubriendo todos los costos incurridos, antes de que la empresa requiera asistencia financiera del Tesoro.

El otro ejemplo es la ANDE, que tiene el monopolio de la generación y distribución de electricidad, y enfrenta el desafío del acelerado agotamiento de los excedentes de energía y la necesidad de invertir ingentes recursos para ampliar la capacidad instalada y/o prepararse para importar energía de los países vecinos, buscando el menor costo posible para el país. Sin embargo, si bien la empresa funciona relativamente bien, las tarifas han sido fijadas históricamente con criterio político, sin respetar los estudios técnicos tarifarios, lo cual ha menguado sus recursos que, de no ser por las donaciones de la Itaipú, hubiera terminado con pérdidas importantes en los últimos dos años, superior a los USD 100 millones. Por lo tanto, es necesario incorporar la inversión privada, principalmente en la generación de energía, para lo cual se requiere un rediseño del marco regulatorio, con un esquema de fijación de tarifas al consumidor final creíble para hacerla viable, que incorpore todos los costos, de generación, transmisión, distribución, administración y financieros, revisados y ajustados anualmente con criterios técnicos y supervisados en su aplicación por un ente regulador, sin interferencia política. Despolitizar la tarifa es vital para generar credibilidad y evitar un apagón en la próxima década.
Estos ejemplos sirven para graficar la importancia de aplicar criterios técnicos y empresariales en la gestión de las empresas públicas, porque las malas decisiones tienen costos que terminan siendo pagados finalmente por la ciudadanía. En las últimas dos décadas ha empeorado la gestión de las empresas públicas y sigue deteriorándose. Las autoridades debieran tomar conciencia de esto y encarar un plan de racionalización, dejando solo las que presten servicios esenciales, pero con un marco claro de gestión, altos estándares de transparencia y mecanismos sólidos de supervisión y control.