Precios de combustibles

Los precios internacionales del petróleo y sus derivados han retomado una tendencia alcista en las últimas semanas, luego de que hasta mediados de año estaban retornando a los niveles previos a la pandemia y al fuerte shock que significó para este commodity la invasión de Rusia a Ucrania a principios del año pasado.

Incluso el precio del gasoil, que venía reduciéndose más gradualmente por problemas específicos que tiene este producto, también cambió bruscamente de tendencia. Además, se observa una importante incertidumbre sobre su trayectoria para los próximos meses por las divergencias en las proyecciones de analistas internacionales que monitorean el mercado.

Estos cambios en los precios internacionales del petróleo son fuentes de fricciones en nuestro país entre los distintos sectores interesados. El Paraguay importa del 100% de los combustibles necesarios para movilizar la economía. En los últimos años, la fijación del precio de los combustibles se ha convertido en un tema de alto interés político, lo cual agrega un condimento que dificulta el funcionamiento normal del mercado desde un punto de vista competitivo, debido a la presencia de una empresa pública cuyas decisiones comerciales respecto de la fijación del precio de sus productos no han reflejado, en varias oportunidades en las últimas décadas, un criterio mínimo de al menos la cobertura de todos sus costos operativos para evitar pérdidas.

En los medios de comunicación fue publicado recientemente el análisis de una consultora privada sobre los estados financieros de Petropar de los últimos dos años y los datos son muy reveladores. En el año 2022, la empresa pública tuvo una pérdida superior a G. 100 mil millones (USD 13,8 millones) y en el activo hay un saldo en mora de cuentas por cobrar por USD 21,5 millones, como mínimo de dudoso cobro y que probablemente, en una parte sustancial, se convertirá en incobrable y en importantes pérdidas para la empresa. A principios del año pasado, los precios de los combustibles se incrementaron abruptamente en el mercado internacional por efecto de la interrupción que generaron las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania. Para mitigar su impacto local, el Congreso aprobó una ley que autorizó a Petropar a subsidiar el precio de algunos combustibles por un periodo de hasta 90 días. Esto generó una gran distorsión en el mercado local de combustibles debido a que el subsidio permitía a la empresa pública fijar un precio por debajo del costo del producto en desmedro de sus competidores, poniendo en riesgo cuantiosas inversiones privadas y miles de empleos en todo el territorio nacional. Esto, además, significó una carga sobre las finanzas públicas del país, debido a que el costo del subsidio debía ser cubierto con transferencias del Tesoro Público, a diferencia de años anteriores en los que Petropar era una fuente de ingresos para el fisco. Después de caducar la vigencia de la ley, Petropar siguió fijando precios por debajo del costo de sus productos, incluso durante el presente año. Si bien la empresa no publica sus estados financieros mensuales, las informaciones extraoficiales indican que las pérdidas del ejercicio 2023 son muy superiores al del año 2022, poniendo en serio riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa y las finanzas públicas a corto plazo.

Es muy positivo que las nuevas autoridades hayan puesto foco en reducir las grandes ineficiencias y los costos que estas significan para la empresa; ello le permitirá ser más competitiva. Sin embargo, dada la situación financiera de Petropar, una reducción de precios no era lo más razonable, y, con la evolución actual del mercado internacional, esta se vuelve insostenible. Ninguna empresa pública debe operar con pérdidas, como mínimo deben recuperar todos los costos operativos y obtener un margen suficiente para cumplir con sus compromisos financieros. El Consejo de Empresas Públicas debiera fijarle objetivos, reglas y criterios que orienten el desempeño de sus administradores en este sentido, monitorear su cumplimiento y realizar las correcciones cuando sean necesarias, buscando preservar el equilibrio financiero de la empresa, evitar cualquier impacto en las finanzas públicas y promover el funcionamiento ordenado del mercado.