Política fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) divulgó días atrás las cifras fiscales del año 2025. Lo más resaltante es que el déficit cerró en USD 1.047 millones, 2.0% del PIB, que si bien es bastante inferior al 2.5% observado en el 2024 y es un avance hacia el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, esta es superior a la meta del 1.9% del PIB fijada por el Gobierno en el plan de convergencia fiscal, a inicios de su mandato. Si bien el desvío es pequeño, este constituye una señal de alerta respecto al futuro de la política fiscal, cuyo marco institucional está definido en la Ley 5098/13 de Responsabilidad Fiscal. En su evaluación del año, el ministro de Economía, Carlos Fernández, expresó que, en la interpretación del MEF, el tope legal de déficit fijado solo aplica para el proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación, pero no para su ejecución efectiva. Esta interpretación reduce sustancialmente la efectividad de esta ley como ancla de las expectativas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo, al limitar su rol en la contención del déficit y del ritmo de endeudamiento.

El Presupuesto General de la Nación es la autorización del tope de gastos corrientes y de capital que otorga el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, con la interpretación del MEF, el déficit fiscal ejecutado podría exceder el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal y, así, el límite efectivo estaría determinado por los siguientes factores: a) la prohibición de utilizar deuda para financiar gastos corrientes, cuya ejecución estará sujeta a la recaudación efectiva; b) el monto autorizado para la emisión de bonos soberanos (incluidos los saldos no emitidos de años anteriores); y, c) la capacidad de ejecución de las entidades de los proyectos financiados con préstamos de organismos financieros internacionales que son introducidos como ampliaciones presupuestarias al momento de su aprobación parlamentaria. Además, cualquier Ley de Ampliación Presupuestaria tiene el mismo rango que la Ley de Responsabilidad Fiscal y puede modificarla. Por lo tanto, el déficit efectivo podría ser muy superior al presupuesto original y estaría sujeto a las necesidades coyunturales del Gobierno de turno. Este es un elemento importante que se debe considerar en los análisis de sostenibilidad de la deuda.

Un problema de difícil solución para países emergentes que alcanzan grado de inversión, con amplio acceso a los mercados de capitales internacionales, es mantener la disciplina y la responsabilidad fiscal a través de distintos gobiernos democráticos para garantizar de manera creíble la sostenibilidad de la deuda pública y el cumplimiento de los compromisos en cualquier escenario económico, en un mundo cada vez más volátil.

Esto se complica aún más por la enorme necesidad de inversión para cubrir las brechas de capacidad y calidad en los servicios públicos y así mejorar el bienestar de los ciudadanos e incrementar la competitividad de la economía. Las demandas de la sociedad son cada vez más altas en una economía que crece y la competencia política en sociedades democráticas genera incentivos a los candidatos a prometer grandes beneficios y menos carga impositiva, lo cual lleva a una presión extrema sobre las finanzas públicas. Si existe margen de endeudamiento, se genera un déficit fiscal creciente y un crecimiento acelerado de la deuda. Cuando el crédito se agota, el proceso termina en una crisis de deuda, de balanza de pagos, cambiaria y financiera. En paralelo, los ciclos económicos expansivos iniciales, terminan en profundas recesiones, desempleo, problemas sociales y políticos.

La disciplina fiscal de las últimas dos décadas ha contribuido a consolidar la credibilidad de la política macroeconómica del país y nos permitió alcanzar el grado de inversión recientemente. La puesta en vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal y su observancia por varios gobiernos, con las razonables excepciones para enfrentar la pandemia, ha sido un factor determinante para demostrar el compromiso con una política fiscal robusta y rigurosa como política de Estado. Por lo tanto, lo sensato sería ratificar su vigencia y buscar perfeccionarla para cumplir el objetivo con más eficiencia y así consolidar el grado de inversión e incluso mejorar la calificación en los próximos años.