Plan de competitividad y crecimiento

Semanas atrás participé en una reunión de socialización de una versión preliminar de la estrategia de crecimiento económico para nuestro país, presentada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y elaborada con el apoyo de la consultora internacional Mckinsey. El trabajo es técnicamente muy bien hecho, sopesando las oportunidades, los recursos disponibles y las debilidades que tenemos, planteando las políticas públicas necesarias para removerlos y superarlos. Como referencia, este trabajo es una versión actualizada y mejorada de aquel Estudio de Desarrollo Económico del Paraguay (EDEP), realizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) a fines de los años 90, que se basó en un enfoque de clusters o cadenas productivas para el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo productivo sectorial. La implementación de la estrategia del EDEP fue incompleta y parcialmente exitosa, pero tuvo resultados muy positivos que derivaron en el fortalecimiento de sectores productivos tradicionales y en el desarrollo de nuevos productos que hoy constituyen la base fundamental de la economía paraguaya. La estrategia presentada por el MIC se proyecta en un horizonte de 5-10 años, en el cual se busca acelerar el ritmo de crecimiento económico para generar alrededor de 500.000 nuevos empleos en el periodo y se basa en incrementar las exportaciones del país con productos de mayor valor agregado, con tres ejes principales; primero, incrementar la productividad y calidad de los principales productos que el país exporta actualmente (soja, carne vacuna, etc.); segundo, diversificar hacia productos más sofisticados, avanzando en la cadena de valor (muebles de madera en vez de madera aserrada); e impulsar nuevas industrias, sectores o productos donde el país sea competitivo con los recursos que dispone de manera abundante (biomasa, energía renovable, biocombustibles), etc.

Luego de realizar un análisis del tamaño e impacto potencial en la economía (PIB y empleo) y la competitividad del país en cada uno de ellos, en función de la disponibilidad y costo de los insumos críticos y los costos logísticos, y sin incluir aún las nuevas industrias potenciales fueron identificados un grupo de 13 productos de alto potencial que deberían ser focalizados en términos de las políticas públicas necesarias para impulsar su desarrollo. En conjunto, tienen un potencial de generar exportaciones adicionales por USD 8.500 millones, aumentar el PIB en un 21% y la creación de unos 750 mil empleos nuevos en los próximos 10 años. Los productos son carne porcina, carnes conservadas, carne aviar, embutidos, muebles de madera, ropa interior, colchas, productos de hierro a base de chatarra, productos de aluminio, cables eléctricos, alimentos de cereales, productos de panadería y pastas. Para cada producto, están identificados los mercados potenciales y las debilidades que requieren una política pública para superarlos, ya sea en términos de logística, en temas regulatorios, de financiamiento, acceso a mercados, inversionistas, etc. La iniciativa llega en un momento muy oportuno, ya que el desarrollo productivo de nuestro país necesita un nuevo impulso.

Pero, como siempre, el éxito dependerá de la implementación y su persistencia en el tiempo. Por su relevancia, se generarán conflictos de liderazgo, de competencia interinstitucional, de disputas de poder, etc., que si no se dejan de lado para anteponer el interés nacional, pueden llevar a que termine en nada. Además, debe perdurar a los cambios de autoridades que periódicamente ocurren en un sistema democrático. Para ello, lo ideal sería que esta estrategia se convierta en un Plan de Competitividad y Crecimiento y sea incorporada al Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que las políticas públicas integrantes sean prioritarias, y con la responsabilidad del MIC en su implementación, difusión y seguimiento y buscar el compromiso de todo el liderazgo intermedio del sector público. Por otro lado, un plan de estas características requiere una participación activa del sector privado y una alta dosis de coordinación público–privada, para lo cual podría crearse un Consejo de Competitividad y Crecimiento integrado por autoridades y representantes de los principales gremios empresariales.