Meritocracia en la función pública

En estos días, tras la filtración de los temas de exámenes necesarios para formar parte de la Base de Datos de Educadores Elegibles para acceder a las vacancias como docentes del MEC en todo el país, el ministro Ramírez, de Educación y Ciencias, decidió su suspensión; una disposición acertada y que sería más significativa aún, si fuese acompañada de la identificación y castigo ejemplar a los responsables, con el objetivo de demostrar que lo relevante para el Ministerio es el ingreso de los mejores y más capaces a la carrera docente, a través de un sistema meritocrático y competitivo.

Pero este cambio requiere más que el esfuerzo del ministro de Educación de turno para convertirse en una práctica permanente. Es necesario que los líderes políticos comprendan que una educación de calidad redundará en mejor formación de niños y jóvenes; que este es el camino más certero para el progreso individual y la movilidad social, y, que el principal determinante de la calidad de la educación es un plantel competente de docentes en el sistema educativo comprometido con la formación de sus alumnos. Y, además de comprender esta relación causa efecto, deben considerarla en sus decisiones.

Dada la baja calidad de la formación docente, una mejora posible a corto plazo es aplicar un sistema para seleccionar a los mejores. Esto se puede lograr aplicando estrictamente la selección vía concursos de méritos y aptitudes que históricamente fueron burlados de alguna manera y direccionados a facilitar el ingreso de aquellos que hayan participado como operadores políticos en las campañas, o a parientes y amigos de los políticos de cada región del país. Para ello, hay que despolitizar absolutamente el proceso de estos concursos del MEC. Lo óptimo sería que los concursos sean realizados directamente por el Viceministerio de Capital Humano del MEF, o como mínimo, que esta institución realice una supervisión estrecha del mismo para asegurar imparcialidad, generar confianza y seleccionar a los mejores. Además, con el apoyo del Mitic se podrían aplicar tecnologías disponibles para la realización de exámenes de este tipo, lo cual aportaría eficiencia, seguridad y transparencia a todo el proceso.

En paralelo, el Ministerio debería realizar un cambio radical en el sistema de formación docente y de capacitación continua, para asegurar a mediano plazo una mejora sustancial en la capacidad de impartir educación de calidad superior. Los esquemas de remuneración actuales, con las mejoras realizadas en los últimos años, son suficientemente competitivos para atraer a las personas más capaces a la docencia, quienes podrán asimilar materias más exigentes, así como los valores y principios de convivencia en una sociedad democrática, y tendrán más capacidad de transmitirlos a sus alumnos una vez que empiecen a impartir clases, generándose en consecuencia un círculo virtuoso de mejora continua en la calidad de la educación en los próximos años.

Así como en la educación, es crítico introducir el sistema meritocrático en la función pública para mejorar la calidad de los demás servicios públicos fundamentales para la calidad de vida de la gente y la competitividad de la economía, como los servicios de seguridad, de justicia, de salud, los servicios administrativos, etc. La calidad de estos servicios depende de la calidad de las personas que los gestionan y entregan efectivamente a la ciudadanía, obviamente combinados con otros factores, como la tecnología, los insumos, la infraestructura, los procedimientos administrativos, etc.

En este sentido, hace años venimos insistiendo en la necesidad de actualizar la Ley de la Función Pública para universalizar la aplicación efectiva y transparente de los concursos públicos de méritos para el ingreso a la función pública y que además establezca los criterios para la carrera profesional de cada funcionario con base en su desempeño, para ir erradicando el clientelismo y el nepotismo como mecanismos de selección y promoción de los funcionarios. Sin embargo, hasta ahora, los líderes políticos han sido renuentes a aplicar un sistema realmente meritocrático, los avances han sido escasos y la calidad de los servicios públicos sigue siendo pésima reduciendo así el bienestar de los ciudadanos.