Sometimiento y corrupción en la Justicia

Se fue el año 2020 donde la pandemia del coronavirus puso al desnudo lo bueno, lo malo y lo malísimo de nuestro Paraguay.

Lo bueno es nuestra solvencia y estabilidad macroeconómica, lo malo es nuestra absoluta falta de infraestructura sanitaria, educativa y de seguridad social, y lo malísimo es la corrupción imperante, siendo para la sociedad la más grave de todas la del Poder Judicial.

Es más grave porque ante una resolución arbitraria o ante un acto de corrupción del Poder Ejecutivo, los ciudadanos podemos recurrir al Poder Judicial para anularla o para sancionar a los responsables.

Es más grave porque ante el populismo o la corrupción en el Poder Legislativo con la promulgación de leyes que vulneren nuestros derechos constitucionales, los ciudadanos podemos recurrir al Poder Judicial para anular los efectos de dicha ley por medio de una acción de inconstitucionalidad.

Pero cuando tenemos un fallo arbitrario o abiertamente erróneo del Poder Judicial, no existe ningún otro poder al cual podemos recurrir para anular o revertir el mismo.

El poder que tiene un juez sobre un ciudadano es total. Es la única persona en nuestra sociedad a quien le otorgamos el poder de que con su decisión nos quite nuestros derechos, nos quite nuestras propiedades, nos quite nuestra dignidad, nos quite nuestra libertad y en países donde existe la pena de muerte… nos quite la vida.

Por eso siempre recuerdo las palabras del gran jurista y ex -miembro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Enrique Sosa: “Un juez es alguien que se encuentra por debajo de dios pero debe estar por encima de la mayoría de los hombres”.

Por el poder que le otorgamos debe ser rigurosamente seleccionado y ser una persona intachable moral y jurídicamente. En nuestra Constitución la función de seleccionar y proponer el nombramiento de los jueces es atribución del Consejo de la Magistratura y la función de enjuiciar y remover a los jueces que tienen un mal desempeño o que han cometido delitos es atribución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Lamentablemente estas dos instituciones en las que depositamos grandes expectativas para mejorar nuestra justicia, han sido totalmente cooptadas por los sectores políticos y gremiales, desde donde ejercen una enorme presión e influencia sobre las decisiones de los jueces.

Esta situación era un “secreto a voces” que salió a la luz pública con las grabaciones en los casos de González Daher y otros. Ante tanta evidencia existía una enorme expectativa ciudadana de un castigo ejemplar que sea un paso en la eliminación de este “virus” que nos afecta a todos. Por eso la sentencia del Tribunal que impone leves condenas a los acusados ha generado una gran repulsa e indignación en la ciudadanía.

Muchos de los que leen este artículo pueden pensar que la corrupción en el Poder Judicial es un problema que solo afecta a los políticos o al gremio de abogados, pero están muy equivocados.

Conozco el caso de un amigo que estando estacionado con su auto en un semáforo, fue atropellado por un motociclista distraído que resultó con importantes lesiones.

En seguida aparecieron abogados vinculados a fiscales que consiguieron su imputación. Ahí mi amigo descendió al infierno del Poder Judicial y terminó cediendo al chantaje y a la extorsión ante la amenaza de ir preso.

Ese es solo un ejemplo, que puede pasarme a mí o a usted, y nos demuestra el riesgo al que estamos expuestos todos los ciudadanos.

Todas las falencias que tenemos en nuestro país son importantes, pero en los últimos días quedó al desnudo la peor y más peligrosa: La de una Justicia corrupta y sometida al poder político.

Si no la erradicamos, no podremos convivir armoniosamente en sociedad, y mucho menos tener desarrollo económico y equidad social en nuestro Paraguay.