Fortalecer la institucionalidad fiscal

Cuando el marco fiscal pierde coherencia y surgen atrasos en los pagos, se erosiona la confianza en la gestión de las finanzas públicas.

La profesora de la Universidad de Harvard, Gita Gopinath, ha señalado que “las medidas del Gobierno deben tomarse en un marco fiscal creíble a mediano plazo para garantizar que la deuda siga siendo sostenible”.

Pese al compromiso de la convergencia hacia un menor déficit fiscal, se implementaron nuevas y ambiciosas partidas de gastos públicos permanentes con recursos insuficientes. Esta incoherencia derivó en los atrasos con los proveedores del Estado.

Los atrasos están afectando la continuidad de las empresas proveedoras. Una estimación de estos atrasos sumaría algo más del 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que supera el déficit fiscal total reportado en el 2025. Dichos atrasos han alcanzado una dimensión significativa y se han vuelto recurrentes.

Esto pone nuevamente en entredicho la institucionalidad fiscal que tomó años construir y revela debilidades de previsión en el manejo de las finanzas públicas. Probablemente hayan primado otros argumentos por sobre los criterios técnicos del marco fiscal.

Más allá de eso, sería oportuno fortalecer dicho marco fiscal, que en última instancia define la institucionalidad fiscal de un país. En particular, esto se refiere a un conjunto de reglas que buscan garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. En la práctica, esto se traduce en un presupuesto plurianual creíble. Además de proyecciones fiables de los ingresos, el marco fiscal debería tener un límite (o techo) para el nivel de gastos que permita cumplir con las metas de resultado fiscal y deuda pública.

A la luz de los atrasos, emergen algunos desafíos claros, que fueron señalados en un reporte oficial (Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas, 2023). Hay una necesidad de fortalecer la vinculación entre la planificación y el presupuesto, así como tener un techo de gasto efectivo y contar con un organismo de evaluación independiente (entre otros aspectos que trataré en próximos artículos).

La creación del Ministerio de Economía y Finanzas debería contribuir a mejorar la vinculación entre la planificación y el presupuesto. Esto implica lograr una adecuada conexión entre el presupuesto anual y los planes de Gobierno, lo cual estaría aún en proceso.

En relación con el fortalecimiento de una instancia de evaluación independiente, se refiere al denominado Consejo Fiscal Asesor. Esta instancia, típicamente integrada por profesionales y académicos independientes, contribuye a evaluar las proyecciones, riesgos y reformas fiscales, con una visión objetiva y no influida por el ciclo político.

Varios países han implementado con cierto éxito Consejos Fiscales Asesores, cuyos informes normalmente se publican para todo el público. También fue adoptado por Paraguay, pero con un enfoque limitado.

A todo esto, le sumaría la obligación de que un Gobierno entrante presente un plan fiscal que regirá para todo el periodo quinquenal de su mandato. Asimismo, toda nueva iniciativa de gasto relevante debería incluir rigurosamente sus fuentes de financiamiento y una evaluación de impacto, que sean determinantes para las decisiones.

La viabilidad de toda nueva iniciativa de gasto debería evaluarse en función de su impacto y de su alineación con los objetivos de déficit fiscal y deuda pública. Lo anterior debería reflejarse en una actualización del presupuesto plurianual, es decir, en un nuevo plan fiscal.

Dicho plan debería asegurar una ejecución presupuestaria ordenada y sin atrasos en los pagos del Estado. Todo esto ayudaría a reducir la incertidumbre sobre las decisiones del Gobierno.

Finalmente, fortalecer la institucionalidad fiscal no es solo un asunto técnico. Es una condición necesaria para preservar la confianza en la capacidad del Estado para gestionar sus finanzas.