Finanzas públicas bajo presión

El jueves participé de un conversatorio organizado por la Cámara Paraguaya de la Construcción, cuyos asociados están muy afectados por el atraso en los pagos por obras ya realizadas que, según sus autoridades, suman un total de USD 250 millones. Esto les genera severas dificultades financieras y tienen que contratar deudas no previstas para cumplir con sus proveedores y trabajadores y evitar un corte en la cadena de pagos.

Estos atrasos reflejan que el proceso de convergencia fiscal está generando fuertes tensiones en la administración financiera del Estado. Primero, porque va a contramano con los recursos necesarios para poner en práctica el programa de Gobierno. La implementación acelerada de programas permanentes de altísimo costo y sin financiamiento genuino, como el programa Hambre Cero, la universalización de la pensión para la tercera edad, la duplicación de las fuerzas policiales, etc., están absorbiendo ingentes recursos del Tesoro, que siguen siendo muy escasos a pesar del importante incremento en las recaudaciones tributarias en los últimos dos años.

Al asumir, el actual Gobierno advirtió la existencia de importantes atrasos con proveedores e incluso de certificados de obras no registradas y lo resolvió. La solución se reflejó en un salto en el déficit fiscal del año 2023 y requirió la autorización del Congreso para la emisión de bonos por USD 600 millones para regularizar la deuda con los proveedores. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció un plan de convergencia razonable con una reducción gradual del déficit fiscal que se completa el próximo año 2026, a partir del cual entra a regir nuevamente el límite del 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El cumplimiento riguroso de este plan es uno de los factores principales que ha posibilitado el otorgamiento reciente de grado de inversión a la deuda soberana del país, de ahí su importancia estratégica. Sorprendentemente, dos años después, el Tesoro está en una situación similar: Atrasos con proveedores y haciendo malabares para cerrar con el déficit del 1,9% del PIB previsto para este año. Es esperable que el MEF resuelva lo antes posible esta situación para evitar males mayores en un sector muy importante para la economía nacional y para mantener la salud financiera de uno de los principales sectores proveedores del Estado. A esto se suma la negativa del MEF de pagar intereses por mora, derivados de los atrasos en los pagos que están previstos en los contratos de obra. Según cálculos realizados hasta principios de año, el reclamo asciende a unos USD 110 millones, en su mayor parte provenientes de la situación heredada. Esto constituye un incumplimiento contractual que no es propio de un Estado que está buscando consolidar el grado de inversión. Si bien las cláusulas contractuales prevén tasas referenciales a ser aplicadas en los cálculos que no son razonables para penalizar el incumplimiento, estas deben ser cumplidas o en todo caso renegociadas de manera voluntaria por las partes. Los costos fueron efectivamente asumidos por las empresas que tuvieron que tomar deudas por el tiempo de demora en los pagos y corresponde legítimamente su compensación. Para los contratos futuros, se debieran incluir tasas referenciales más apropiadas que reflejen más cercanamente los costos de endeudamiento de las empresas contratistas y que impliquen un castigo al Estado por el incumplimiento en tiempo y forma de sus compromisos, pero de manera razonable y proporcional a los costos de endeudamiento del Tesoro. En el conversatorio estaban presentes varios colegas economistas. Ellos, aparte de reconocer que se deben resolver estos problemas a corto plazo, manifestaron la necesidad de discutir y consensuar un rediseño de la política fiscal para las próximas décadas. La actual, diseñada hace dos décadas, ha sido exitosa porque ha cambiado el perfil financiero internacional del país al alcanzar el grado de inversión. Sin embargo, estos problemas de atrasos, el nivel de endeudamiento que supera el 40% del PIB, y las grandes necesidades de inversión en infraestructura y en la provisión de servicios públicos que persisten, nos indican que la política actual está agotada y requiere una revisión y ajustes para el futuro.