Una decisión irresponsable de Diputados

El objetivo de este artículo no es el de discutir el contenido de dicho Convenio internacional –el cual está siendo suficientemente debatido–, sino el de analizar las consecuencias del tratamiento irresponsable que tuvo en Diputados un tema de tanta importancia para nuestro país.

Para muchos juristas la decisión de Diputados no solamente ha sido irresponsable, sino también violatoria de nuestra Constitución y del Derecho Internacional.

Recordemos que nuestra Carta Magna, en su artículo 137 define que en el orden jerárquico de nuestro sistema legal primero está la Constitución, segundo los tratados, convenios y acuerdos internacionales y después las leyes dictadas por el Congreso.

A su vez, el artículo 238 dice claramente que el manejo de las relaciones exteriores de la República es atribución del Poder Ejecutivo.

La decisión de Diputados se tomó sin la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores y por una ley quiere derogarse unilateralmente un tratado internacional.

El proceso correcto sería que el Congreso emita una declaración solicitando la “denuncia” del convenio y, entonces, la Cancillería debe ponerse a negociar con la Unión Europea la terminación del acuerdo.

Recordemos que el Derecho Internacional es el que regula las relaciones jurídicas entre los diferentes Estados y una de las fuentes de la cual se nutre son los tratados firmados entre los países, los cuales a su vez están regidos por la Convención de Viena promulgada en el año 1969.

La aprobación de la Cámara de Diputados se realizó sin tener en cuenta los preceptos que la Convención de Viena prescriben para dar por finalizado un tratado internacional.

Lo que preocupa es que esta forma irresponsable en que se ha tomado una decisión tan importante puede afectar severamente a objetivos fundamentales para nuestro desarrollo económico y social como, por ejemplo, la obtención del grado de inversión y la inserción de nuestro país al mundo.

Obtener el grado de inversión significa ser considerado por las principales empresas calificadoras internacionales como un país de bajo riesgo, lo que facilita el acceso a un financiamiento del exterior más abundante y a menores costos.

El Paraguay por su solvencia macroeconómica desde hace tiempo debería haber alcanzado ese grado de inversión, pero no lo alcanzamos por la debilidad de nuestras instituciones, entre ellas, un Congreso anárquico y un Poder Judicial carcomido por la corrupción.

La forma irregular en que se ha derogado el convenio con la Unión Europea le da la razón a los que nos ponen una mala calificación.

¿Qué seguridad jurídica puede tener un inversionista extranjero si a una potencia como la Unión Europea de un día para el otro se le deroga, usando procedimientos irregulares, un acuerdo firmado?

En la inserción de Paraguay al mundo la situación no podría estar más complicada, debido a que hoy tenemos problemas con las tres grandes potencias que manejan la economía global.

Con China no tenemos relaciones, con Estados Unidos las relaciones no son las mejores por las sanciones recibidas debido a la corrupción y ahora por la decisión de Diputados las relaciones con la Unión Europea van a enturbiarse y dificultarse.

El ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el uruguayo Enrique Iglesias, decía: “No puede haber una buena economía sin una buena política y no puede haber una buena política sin buenas instituciones”.

Esperemos que la irresponsabilidad de Diputados sea rechazada en el Senado, o sea, vetada por el Poder Ejecutivo. De estas instituciones esperamos la responsabilidad que es la gran virtud que brilló por su ausencia en la Cámara de Diputados.