¿Equilibrio fiscal en riesgo? Déficit por encima de la ley, deudas impagas, caída de recaudaciones.

Cuando se sienta a dos ex ministros de Hacienda en la misma mesa, es tentador esperar una conversación sobre política económica: tasas, metas de déficit, proyecciones de recaudación. Pero el diálogo entre Manuel Ferreira y Benigno López en el último Programa de Plaza Pública terminó revelando algo distinto y, quizás, más urgente: el problema de Paraguay ya no es tanto qué hacer, sino cómo lograr que se haga. Es, en el fondo, un problema de economía política.

Un bien público que hay que cuidar

Ferreira lo planteó con una definición simple pero potente: la estabilidad macroeconómica no es que la inflación no suba y punto. Es que un consumidor pueda armar una lista de precios ligada a su ingreso y que esa lista no cambie radicalmente de un año a otro. Es que una empresa pueda hacer un presupuesto y, salvo ajustes menores, ese presupuesto se cumpla. Dicho así, suena trivial. Pero para un país que convive con una Argentina donde los presupuestos familiares apenas duraban quince días, no lo es en absoluto.

Ese bien público —la previsibilidad— no cayó del cielo. López fue enfático: es producto de una cadena de responsabilidad institucional sostenida durante veinticinco años, con ministros que, más allá de sus diferencias, entendieron la gestión como una posta y no como un punto de partida desde cero. La imagen que dejó, prestada de Germán Rojas, resume el espíritu: “el retrovisor es más chico que el parabrisas”. Mirar hacia adelante, no perder tiempo explicando cómo se llegó a la crisis.

El déficit, la meta de 2028 y las cuentas que no cierran

La conversación se puso más incómoda cuando entró la aritmética. La ruta hacia la Convergencia 2028 asume un crecimiento de la recaudación tributaria del 10% anual, algo que ninguno de los dos ex ministros considera realista en el escenario actual. Ferreira lo desmenuzó: si la economía crece al 4,5% y la inflación ronda el 3%, el crecimiento “normal” de la recaudación debería estar cerca del 7,5%, no del 10%. La brecha entre esa proyección optimista y la realidad fiscal no se cierra sola.

¿De dónde salió, entonces, el salto de recaudación del año pasado? No solo de la trazabilidad que trajo la e-Kuatia y el intercambio de información. Una parte importante, según Ferreira, vino de un fenómeno coyuntural: el encarecimiento de Argentina desvió hacia el circuito formal paraguayo un comercio que antes se movía como contrabando. Cuando ese impulso se apaga —como ya está ocurriendo, con una caída interanual de las importaciones—, la recaudación vuelve a su ritmo estructural. Construir una meta fiscal sobre un efecto transitorio es, en palabras de ambos, un riesgo que las calificadoras y los inversores no van a dejar pasar.

La reforma de la caja fiscal: tarde y a medias

Uno de los pasajes más duros de la charla fue sobre la reforma de la caja fiscal. Ferreira fue directo: se pudo hacer en 2023 y se esperó hasta este año, cuando ya era una urgencia impostergable. El resultado, según su lectura, es una reforma “paupérrima” que hoy gasta más que el esquema anterior en la misma etapa del proceso. López coincidió en el diagnóstico, pero agregó un matiz clave: el país actúa por reacción, no por anticipación. “Nos cuesta ver el iceberg que está enfrente y tomar la medida a tiempo”, dijo, y advirtió que esa misma lógica amenaza con deteriorar lo que ya se construyó en materia macroeconómica.

Gasto social: universal no es lo mismo que justo

Otro punto de fricción fue el gasto social. Ferreira cuestionó de frente el diseño de programas como Hambre Cero y la pensión a adultos mayores: al no estar focalizados, terminan beneficiando también a quienes no lo necesitan, mientras el 72% de la población que no tiene relación de dependencia sigue sin un sistema de jubilación obligatoria. Su propuesta no es subir impuestos, sino trasladar responsabilidad al ciudadano en forma de aportes obligatorios de capitalización individual —no colectiva, para no generar nuevas contingencias fiscales como las que hoy pesan sobre la Caja Fiscal o la caja bancaria—.

La lógica se repite en salud: solo 16 peajes recaudan 20 millones de dólares al año, frente a un gasto en mantenimiento vial de entre 350 y 500 millones. Se puede cruzar 800 kilómetros del país pagando apenas 20 mil guaraníes en peajes. Para Ferreira, ahí hay margen para que el ciudadano contribuya más sin que eso se llame, técnicamente, “un nuevo impuesto”. López planteó la objeción obvia: si ese ingreso adicional va a la misma caja sin controles de gobernanza público-privada, el problema de fondo —el mal gasto del Estado— no se resuelve, solo se financia mejor.

Lo que no se ve: la inversión pública como variable de ajuste

Quizás la conclusión más incómoda de la conversación fue esta: entre subir impuestos (con costo político inmediato), recortar gasto social (con costo político inmediato) y reducir inversión pública (con costo político diferido), los gobiernos eligen sistemáticamente la tercera opción. No genera huelgas ni titulares al día siguiente, pero su impacto de largo plazo sobre infraestructura, competitividad y crecimiento es real y acumulativo. Es el ajuste silencioso.

Instituciones que no se pueden dar por sentadas

Hacia el final, la charla giró hacia algo más estructural: la fortaleza institucional que Paraguay construyó en Hacienda y el Banco Central no se replicó en el resto del Estado. López lo resumió con una imagen elocuente: la manzana buena no sostiene a la canasta si el resto está podrida. Ambos coincidieron en que la reciente ronda de conversaciones entre el ministro de Hacienda y sus antecesores —al igual que el reclamo de la banca privada por reglas parejas del Banco Central— son señales que hay que tomar en serio, no como ruido de coyuntura.

También coincidieron en un punto de fondo para atraer inversión: el doble grado de inversión mejora la calificación de la deuda soberana, cuya jurisdicción es Nueva York. Pero la inversión que realmente construye capacidad productiva local necesita confiar en los tribunales de Asunción, no en los de Nueva York. Sin garantía de cumplimiento de contratos —la función más básica que un Estado le debe a su economía— ese salto de calificación soberana no se traduce en inversión doméstica genuina.

El verdadero punto de partida

Al cierre, el propio conductor lo resumió con precisión: invitando a dos ex ministros de Economía, la expectativa era hablar de política económica. Se terminó hablando, casi todo el tiempo, de economía política. Las soluciones técnicas —capitalización individual obligatoria, gasto social focalizado, revisión del gasto tributario, reglas fiscales más flexibles y anticíclicas— no son un misterio. El desafío no es diagnosticarlas, es construir el consenso político para ejecutarlas, en un escenario donde, además, el próximo Congreso probablemente estará más disperso que el actual.

Paraguay conquistó un bien público valioso en veinticinco años: la previsibilidad. Sostenerlo, en la próxima etapa, ya no dependerá tanto de la macroeconomía como de la capacidad del país para ponerse de acuerdo.