Convergencia fiscal transitoria

En los últimos meses ha venido creciendo la intensidad del reclamo de proveedores del Estado de distintos sectores sobre importantes atrasos en los pagos por los bienes y servicios entregados a las instituciones públicas. En el caso de las empresas de construcción, reclaman además el incumplimiento de cláusulas contractuales sobre el pago de intereses moratorios por los pagos atrasados, cuyo costo fue asumido por las empresas al contratar deudas para evitar el corte en la cadena de pagos. Esto constituye una llamada de atención sobre la situación de las finanzas públicas.

Al analizar la ejecución del Presupuesto fiscal del presente año, encontramos que el crecimiento del gasto salarial de la administración central se ha acelerado, con un crecimiento nominal anual superior al 9% al cierre del tercer trimestre. Además, el gasto en programas de asistencia social tuvo un incremento superior. Aumentó un 25% en el mismo período, principalmente como reflejo de la implementación del programa Hambre Cero y del proceso de universalización del programa de pensión para la tercera edad.

Por lo tanto, si bien los ingresos tributarios están creciendo casi un 10% anual, los dos componentes del gasto mencionados y el aumento en el pago de intereses de la deuda absorbieron gran parte de la recaudación adicional. Es más, como la principal fuente de financiamiento del programa hambre cero es el 80% de los ingresos por la compensación por cesión de energía paraguaya en Itaipú al Brasil, y éste se redujo sustancialmente, el faltante se cubre con recursos tributarios, porque no se puede suspender la alimentación escolar, pero desplazando a otros programas que quedaron sin esos recursos.

De esta manera, todo el ajuste requerido para reducir el déficit fiscal del 2.5% del PIB observado en el 2024 al 1,9% del PIB previsto en el Presupuesto de este año, ha recaído en la inversión pública, y tendrá un impacto aún mayor el próximo año. Así, el ajuste fiscal está teniendo un efecto desproporcionado en la inversión pública y, por ende, es ineficiente desde el punto de vista económico por el daño colateral que tiene en la competitividad y el crecimiento potencial de la economía a mediano y largo plazos.

Otra señal de alerta sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas es la postergación, anunciada por el Ministro de Economía, del tratamiento parlamentario del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. Si bien el proyecto será enviado al Congreso antes de fin de año, su tratamiento empezará recién en marzo. Esto es un indicio de falta de apoyo de los parlamentarios, quienes probablemente no quieren asumir el costo político que implica. Pero esta negativa será aún más fuerte en un año electoral, como será el año 2026. Por lo tanto, una reforma fundamental para la sostenibilidad fiscal ya no sería aprobada en este período de gobierno y el déficit financiero de la Caja Fiscal irá absorbiendo cada vez más recursos tributarios, reduciendo aún más lo disponible para otros programas de mayor prioridad para el desarrollo del país. Según proyecciones recientes del propio MEF, el déficit de la Caja Fiscal pasaría del 0,7% del PIB este año al 1,5% del PIB en el año 2028. ¿Cuánto más se reducirá la inversión para compensar?

El plan de convergencia fiscal termina de implementarse en el Presupuesto del año 2026, y entra a regir nuevamente el tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El anuncio y cumplimiento del plan ha sido el ancla de la política macroeconómica en estos años, luego de enfrentar dos sequías y la pandemia con el uso de ingentes recursos que incrementaron sustancialmente la deuda pública. Sin embargo, la creación de nuevos programas sociales sin fuente de financiamiento permanente, sumada al explosivo crecimiento del déficit de la caja fiscal, generan una gran incertidumbre respecto al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal a partir del año 2027. O la inversión pública se reduce aún más o la deuda pública seguirá creciendo aceleradamente, arriesgando en ambos casos la sostenibilidad de las finanzas públicas y el grado de inversión, con impactos negativos en el crecimiento económico del país. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.